La excoordinadora de Comedores Escolares de Concordia volvió a hablar sobre la investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos. Negó haber autorizado gastos, aseguró que presentó denuncias y señaló que funcionarios provinciales conocían las maniobras.
La excoordinadora de Comedores Escolares de Concordia volvió a hablar sobre la investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos. Negó haber autorizado gastos, aseguró que presentó denuncias y señaló que funcionarios provinciales conocían las maniobras.
La causa Comedores sumó nuevas declaraciones de Silvina Murúa, excoordinadora de Comedores Escolares del departamento Concordia e imputada en la investigación por presuntas irregularidades con fondos destinados a la alimentación de estudiantes. Después de un prolongado período sin brindar entrevistas, la exfuncionaria aseguró que su defensa presentó una primera declaración ante la Justicia, negó haber administrado dinero o tarjetas de compra y apuntó contra proveedores, responsables escolares y funcionarios provinciales.
En declaraciones a Diario Río Uruguay, Murúa sostuvo que decidió volver a hablar luego de que sus abogados analizaran la documentación incorporada al expediente. También afirmó que debieron solicitar nuevamente algunas pruebas que, según su versión, no estaban disponibles.
“Ahora que ya los abogados pudieron rescatar todo, te digo rescatar porque hubo algunas pruebas que no estaban, así que tuvieron que pedirlas nuevamente, entonces ahora sí presentamos la primera declaración”, expresó.
La excoordinadora manifestó que esperaba ampliar su descargo y describió las consecuencias personales que le generó la investigación. “A mí me mataron en vida un año y medio”, sostuvo.
Qué investiga la Justicia en la causa Comedores
La investigación judicial tiene entre sus antecedentes una auditoría realizada sobre 37 comedores escolares del departamento Concordia, que detectó diferencias presupuestarias por $103.738.136 correspondientes a marzo y abril de 2025.
La hipótesis de la Fiscalía sostiene que habría existido un direccionamiento de compras hacia determinados proveedores, mediante presiones sobre las personas responsables de administrar las tarjetas destinadas a adquirir alimentos.
Murúa se encuentra imputada en el expediente, junto con otros involucrados, por hechos encuadrados provisoriamente en los delitos de peculado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y asociación ilícita.
En paralelo, el Gobierno provincial concluyó una investigación administrativa y remitió las actuaciones al Consejo General de Educación (CGE) para que evaluara la apertura de un eventual sumario relacionado con su condición de docente.
“Yo no tenía caja chica, yo no manejaba tarjeta”
Uno de los principales argumentos de Murúa estuvo relacionado con su función dentro de la coordinación y el circuito de administración de los recursos.
“Yo no tenía caja chica, yo no manejaba tarjeta. El manejo era entre proveedor y tarjetero”, afirmó.
La exfuncionaria sostuvo que no participaba de la autorización de las operaciones comerciales ni firmaba la documentación que respaldaba las compras.
“Mi firma no está y yo no autorizaba ninguno de esos gastos. ¿Por qué me están acusando a mí?”, cuestionó.
En ese sentido, consideró que la investigación debía profundizar sobre las responsabilidades de quienes administraban las tarjetas y de los comercios que proveían alimentos.
“¿Cómo no van a investigar a un tarjetero si era el que manejaba la tarjeta y era el que firmaba esa facturación donde decía que hacía el gasto de X cantidad de dinero?”, planteó.
Señaló al proveedor Iñaki Partarrié y habló de presuntas maniobras
Durante la entrevista, Murúa también se refirió a Iñaki Partarrié, responsable de la distribuidora Ahora Voy y otro de los imputados en la investigación.
Según su versión, el comerciante le había proporcionado información sobre una operatoria mediante la cual se utilizaban tarjetas de compra y se entregaba dinero en efectivo a sus responsables.
“Él nos presenta un pendrive donde nos muestra todo cómo era el manejo entre el tarjetero y él, que él estaba arrepentido supuestamente en su momento”, relató.
Murúa aseguró que había advertido al proveedor sobre la necesidad de interrumpir esas prácticas.
“Hay audios en donde yo le digo al proveedor que no haga más ese manejo de pasar la tarjeta al 100%”, sostuvo.
Además, mencionó el caso de un responsable de tarjeta que habría denunciado sobreprecios de Partarrié, pero que posteriormente habría decidido continuar trabajando con el comerciante tras acordar un descuento.
La excoordinadora interpretó esa situación como un presunto acuerdo entre ambas partes y negó haber obligado a las escuelas a mantener determinados proveedores.
“Yo no tenía la potestad de decirle: ‘No, vos tenés que quedarte sí o sí’”, aseguró.
Afirmó que había presentado 15 denuncias
Murúa sostuvo que, durante su gestión, había realizado 15 denuncias vinculadas con presuntas irregularidades cometidas por responsables de tarjetas y directivos escolares.
Entre las situaciones mencionadas figuró una operatoria por la cual, según su relato, algunos proveedores entregaban dinero en efectivo a quienes administraban los recursos destinados a los comedores.
“El proveedor entregaba efectivo al tarjetero y al directivo y yo lo denuncié”, afirmó.
La exfuncionaria también rechazó haber impedido que los establecimientos cambiaran de proveedor cuando detectaban precios elevados.
“Si ustedes ven sobreprecio, tienen 33 proveedores donde pueden hacer el cambio”, recordó haber indicado durante una reunión virtual con responsables escolares y comerciantes.
Sus afirmaciones forman parte de su estrategia de defensa y deberán ser evaluadas en el marco de la investigación judicial.
Apuntó contra Marcelo López y Lautaro Azzalini
Otro de los ejes de sus declaraciones estuvo relacionado con el conocimiento que, según sostuvo, tenían distintos funcionarios sobre las presuntas irregularidades.
Murúa señaló al diputado provincial Marcelo López, a quien identificó como su referente político de entonces, y a Lautaro Azzalini, director de Comedores de Entre Ríos.
“El diputado López sabía desde el día uno de esos sobrantes”, afirmó.
La excoordinadora aseguró que había informado al legislador sobre las situaciones que detectaba y que le había solicitado trasladar sus advertencias a las autoridades provinciales.
“Él fue el primero que supo de todos estos robos que estaban haciendo, él sabía que estaban robando en comedores y yo se lo dije desde el día uno”, manifestó.
También sostuvo que Azzalini conocía los hechos denunciados y aseguró que su defensa había presentado elementos para respaldar esa versión.
Aseguró que pidió ayuda a la Presidencia de la Nación
La exfuncionaria relató que, ante la falta de respuestas que atribuyó a las autoridades provinciales, decidió enviar un correo electrónico a la Presidencia de la Nación.
Según explicó, buscaba que su situación llegara a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, antes de que el caso adquiriera exposición pública.
“No hubo ningún funcionario que me haya ayudado, por eso es que recurrí a la Presidencia de la Nación”, sostuvo.
Murúa afirmó que tampoco obtuvo una respuesta del Gobierno nacional.
Asimismo, mencionó a la senadora provincial Cielo Espejo y a la diputada provincial Liliana Salinas como dirigentes a quienes había entregado documentación relacionada con las presuntas irregularidades.
También cuestionó la designación del contador Jorge Kannemann como su reemplazante al frente de la Coordinación de Comedores de Concordia.
Negó la autenticidad de chats difundidos públicamente
Murúa también se refirió a conversaciones que le fueron atribuidas con su hermana y que habían sido publicadas por medios nacionales.
La excoordinadora rechazó que esos intercambios fueran auténticos y sostuvo que no aparecían en los peritajes realizados durante la investigación.
“Esos chats no existen”, afirmó.
Además, aseguró que las imágenes difundidas presentaban diferencias respecto de cómo tenía registrada a su hermana y del formato utilizado en su computadora.
“Fueron armados por esta política”, manifestó, al atribuir la difusión de esos mensajes al Gobierno provincial.
En otro tramo, vinculó la exposición pública de la causa con la implementación del sistema de provisión de alimentos de Teknofood. “Tenían que incriminar a alguien porque tenían que presentar un nuevo modelo en los comedores”, expresó.
Cuestionó el cierre de la investigación administrativa
En relación con las actuaciones administrativas realizadas por el Gobierno entrerriano, Murúa aseguró que no había sido convocada para prestar declaración antes de que concluyera el procedimiento.
“A mí nunca me llamaron a declarar desde el Estado, de la parte administrativa”, señaló.
Y agregó: “Cerraron la investigación sin que yo declare”.
La investigación administrativa provincial, por su parte, le atribuyó irregularidades de gestión, intervención en el direccionamiento de compras y conocimiento de anomalías sin haber adoptado medidas eficaces para corregirlas.
Las actuaciones fueron remitidas al Consejo General de Educación para evaluar un eventual sumario docente, lo que no implica que ya se hubiera aplicado una sanción.
Murúa explicó que tenía 12 años de antigüedad como docente, que era titular de sus horas y que se encontraba de licencia.
“Me parece bien que lo estén investigando desde el Consejo General de Educación”, expresó, aunque reiteró sus cuestionamientos por no haber sido escuchada durante el procedimiento administrativo.
“Quiero limpiar mi nombre”
Hacia el final de la entrevista, Murúa se refirió al impacto que la causa tuvo sobre su vida personal y familiar. “En lo personal, quiero limpiar mi nombre. No pienso en política hoy, no estoy pensando en política”, afirmó.
También habló de su trayectoria partidaria y de su paso del peronismo al radicalismo. “Yo vengo del peronismo, yo no soy radical. Me crucé al radicalismo porque quise hacer un cambio, y ese cambio que quise hacer me jugó en contra”, sostuvo.
La excoordinadora mencionó las consecuencias que atravesaron sus hijas, su madre y sus hermanos desde que comenzó la investigación. “Yo confío en la justicia terrenal, pero sobre todo confío en la justicia celestial”, expresó.
Finalmente, manifestó su expectativa sobre el desarrollo del proceso judicial y concluyó: “Yo sé que mi nombre va a quedar limpio”.