Un agricultor británico arrancó 71 árboles para hacer un camino para sus caballos e intervino sin autorización un río protegido. Fue condenado a prisión y recibió una multa de 600.000 libras. Estimaron que el ecosistema podría tardar 30 años en recuperarse.
Un agricultor británico arrancó 71 árboles para hacer un camino para sus caballos y realizó modificaciones sobre el río Lugg, un curso de agua protegido de Inglaterra. Por el daño ambiental, fue condenado a prisión y recibió una multa de 600.000 libras, equivalente a cerca de 700.000 euros.
El responsable fue identificado como John Price, de 68 años, quien utilizó maquinaria pesada para intervenir una zona del río que atraviesa Herefordshire. Los trabajos tuvieron como finalidad construir un camino y acondicionar un espacio dentro de su propiedad destinado a sus caballos.
Para concretar las obras, el agricultor retiró grandes cantidades de grava del lecho fluvial y eliminó 71 árboles ubicados sobre la ribera. La intervención modificó un ecosistema que se había desarrollado naturalmente durante décadas y se realizó sin las autorizaciones correspondientes.
Un ecosistema que tardaría décadas en recuperarse
Los trabajos se realizaron en 2023 y, según las estimaciones conocidas tras la intervención, los daños ocasionados podrían demandar al menos 30 años de recuperación. La extracción de grava modificó la estructura del cauce y afectó la circulación natural del agua.
La eliminación de los árboles también dejó las orillas más expuestas a la erosión. Sus raíces contribuían a estabilizar el suelo, mientras que las copas proporcionaban sombra y ayudaban a regular la temperatura del agua.
La desaparición de esa cobertura vegetal modificó, además, las condiciones del hábitat utilizado por peces, insectos y otras especies. Por ese motivo, las autoridades consideraron que no se trató únicamente de una modificación dentro de una propiedad privada, sino de una intervención sobre un ambiente de especial valor ecológico.
Prisión y una multa de 600.000 libras
El río Lugg integra una zona protegida debido a su importancia ambiental y es considerado uno de los cursos de agua ecológicamente sensibles de Inglaterra. Las obras realizadas por Price fueron calificadas como una alteración ilegal de ese hábitat.
La Justicia británica finalmente condenó al agricultor a una pena de prisión y dispuso una sanción económica de 600.000 libras, monto cercano a los 700.000 euros.
El tribunal remarcó que el perjuicio provocado no podía repararse solamente mediante una compensación económica. La recuperación requerirá trabajos de restauración y monitoreo durante años para intentar restablecer las condiciones que tenía el ecosistema antes de la intervención.
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