Prefectura requisó las instalaciones del Aeroclub Gualeguaychú por orden de la Justicia Federal. Buscaron documentos y registros de aeronaves relacionados con los denominados “vuelos de la muerte” durante la última dictadura.
La Justicia Federal ordenó este viernes el allanamiento del Aeroclub Gualeguaychú por la causa de los “vuelos de la muerte”, una investigación sobre el presunto traslado y lanzamiento de personas detenidas en el delta mesopotámico durante la última dictadura cívico-militar.
El procedimiento se desarrolló entre las 8 y las 13 en todas las dependencias de la institución, donde funciona el aeródromo local. La medida fue dispuesta por la Justicia Federal de Concepción del Uruguay y ejecutada por efectivos de la Prefectura Naval Argentina con asiento en Villa Paranacito, según informó R2820.
Las requisas fueron ordenadas por la fiscal federal Josefina Minatta. Los agentes buscaron documentación y registros que permitieran reconstruir los movimientos de aeronaves realizados hace casi medio siglo.
La búsqueda de documentación histórica
El aeródromo había sido creado en la década de 1950, aunque el procedimiento se concentró en los archivos correspondientes al período comprendido entre fines de 1973 y la finalización de la última dictadura, en diciembre de 1983.
La investigación procura determinar si desde esas instalaciones despegaron, aterrizaron o recibieron asistencia aeronaves relacionadas con los denominados “vuelos de la muerte”. Ese mecanismo fue utilizado durante el terrorismo de Estado para hacer desaparecer a personas que permanecían secuestradas en centros clandestinos de detención.
Los investigadores intentaron localizar planillas, libros de vuelo, registros de operaciones y cualquier otro documento que pudiera aportar datos sobre el movimiento de aviones o helicópteros militares durante aquellos años.
Cómo comenzó la investigación
La causa tuvo como uno de sus principales antecedentes el libro “El Lugar Perfecto”, escrito por el periodista Fabián Magnotta. La obra reunió testimonios de habitantes de la región, lancheros y otros testigos que aseguraron haber observado movimientos inusuales de aeronaves en el delta.
De acuerdo con esos relatos, entre 1976 y 1980 habrían sobrevolado la zona aviones y helicópteros militares desde los cuales se arrojaban bultos o cuerpos a los cursos de agua.
Tras la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y de los indultos, un policía retirado cuya identidad permaneció reservada se presentó en 2003 ante un juzgado de instrucción de Gualeguaychú.
El testigo relató el supuesto hallazgo de un cuerpo dentro de un barril metálico de 200 litros, que habría estado relleno con cemento. Según su declaración, el recipiente habría sido arrojado desde una aeronave en la zona de las islas del Ibicuy.
Con los testimonios y la documentación recopilada durante años, Magnotta presentó en 2016 una denuncia ante la Procuración General de la Nación, lo que permitió avanzar en la investigación judicial.
Inspecciones y exhumaciones en el delta
En los últimos años, la fiscal Minatta ordenó diversas inspecciones en el Delta del Paraná para recabar declaraciones y encontrar registros que permitieran determinar qué ocurrió en la región durante la dictadura.
La investigación también incluyó exhumaciones en tumbas identificadas como NN en cementerios de la zona. En esas tareas participaron especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y la abogada Lucía Tejera, querellante en representación del Estado nacional.
El allanamiento al aeroclub buscó incorporar nuevas evidencias a una causa que intenta reconstruir hechos ocurridos hace aproximadamente cinco décadas e identificar a posibles víctimas y responsables de delitos de lesa humanidad.
