Concejal impulsa un régimen de garantías para ampliar el acceso al alquiler familiar en Paraná: los detalles

El Régimen Municipal de Garantías para el Acceso al Alquiler de Vivienda fue presentado en el Concejo Deliberante de Paraná por el edil Emiliano Juan Cruz Gómez Tutau, del bloque Más para Entre Ríos. La iniciativa propone la creación del “Régimen Garantía Paraná” (REGARPA), un sistema destinado a facilitar el acceso a contratos de locación para familias que cuentan con ingresos suficientes para afrontar un alquiler, pero que no reúnen los requisitos patrimoniales o financieros que habitualmente exige el mercado inmobiliario.

El proyecto surge en un contexto de profundas transformaciones laborales y sociales. Según explicó el concejal, cada vez son más las personas que desarrollan actividades independientes, trabajan de manera informal o generan ingresos fuera de los esquemas tradicionales de empleo en relación de dependencia. Esa realidad, sostuvo, provoca que muchos potenciales inquilinos queden excluidos del mercado formal de alquileres pese a tener capacidad de pago.

“No se trata de que el municipio sea garante. Se trata de organizar una red institucional que brinde más seguridad a los propietarios y más oportunidades a quienes necesitan alquilar”, resumió Gómez Tutau al explicar los fundamentos de la propuesta.

Un puente entre propietarios e inquilinos

La iniciativa busca diferenciarse de otras experiencias implementadas en distintas ciudades del país, que generalmente se concentran en subsidiar seguros de caución o financiar gastos de ingreso a una vivienda. En este caso, el objetivo es construir un sistema integral de garantías locativas articulado por el Estado municipal.

“Proponemos un régimen de garantías en la ciudad de Paraná para colaborar con todos aquellos que pueden pagar un alquiler y muchas veces no cuentan con los requisitos tradicionales que demanda un contrato de locación”, señaló el edil.

Para ello, el proyecto contempla la creación de dos herramientas complementarias. La primera consiste en un sistema de garantías propiamente dicho, basado en la articulación con entidades que actualmente trabajan con seguros de caución y otros instrumentos financieros destinados a respaldar contratos de alquiler. La segunda es la conformación de un Fondo Municipal de Garantía que funcione como respaldo general del esquema.

“Se crean dos instrumentos: uno puede entenderse como la llave, que es la garantía propiamente dicha, articulada con entidades vinculadas a seguros de caución o servicios que permiten acceder a contratos de estas características. Y la otra es un fondo de garantía municipal específico, que sería el sistema en sí mismo, el respaldo y la confianza de muchas instituciones que hoy tenemos en la ciudad”, explicó.

La confianza como eje central del sistema

Uno de los conceptos que atraviesa toda la propuesta es la necesidad de generar confianza entre las partes involucradas. Para Gómez Tutau, el principal obstáculo no es únicamente económico, sino también institucional.

“El sistema de garantía, en cualquier lugar del mundo y también en la Argentina, es un sistema de confianza. El propietario necesita la tranquilidad de saber que está celebrando un contrato que le brinda seguridad jurídica”, afirmó.

Actualmente, los mecanismos más utilizados para acceder a una locación suelen ser la presentación de una garantía propietaria o recibos de sueldo de trabajadores registrados. Sin embargo, el concejal consideró que esos requisitos dejaron de representar a una parte importante de la sociedad.

“Hoy los recibos de sueldo siguen siendo centrales, pero todos sabemos que cerca del 50 por ciento de los trabajadores está en la formalidad y el otro 50 por ciento en la informalidad. Nosotros pensamos que ese sector que tiene la posibilidad de pagar un alquiler debe contar con alguna herramienta del Estado que le permita brindar solvencia y seguridad jurídica al contrato”, expresó.

En ese sentido, destacó que la propuesta no busca reemplazar al mercado, sino complementarlo mediante una articulación institucional amplia que permita ampliar las oportunidades de acceso a la vivienda.

El rol del Estado como articulador

El proyecto prevé que el municipio actúe como coordinador y administrador del sistema, pero sin asumir directamente el rol de garante de cada contrato. “El Estado municipal sería un gran arquitecto de lo que sería un puente. De un lado está el inquilino y del otro el propietario. El puente sería el fondo, los pilares serían las instituciones que lo respaldan y para cruzarlo estaría el sistema de garantía propiamente dicho”, graficó Gómez Tutau.

Dentro de esa estructura podrían participar bancos, empresas públicas, mutuales, cooperativas, aseguradoras, entidades financieras, universidades y otros organismos que aporten distintos niveles de respaldo y confianza.

El concejal explicó que algunas instituciones podrían contribuir económicamente, mientras que otras lo harían aportando legitimidad, experiencia técnica o capacidad de evaluación.

“Tenemos que construir un puente donde los pilares sean las instituciones financieras, crediticias y también aquellas que pueden generar confianza, como una universidad, que puede estar allí no aportando valor económico, sino aportando criterio de confianza”, sostuvo.

La intención es generar una red sólida capaz de brindar garantías suficientes para que propietarios e inquilinos celebren contratos con mayor tranquilidad y previsibilidad.

Una respuesta a los cambios del mercado laboral

Gómez Tutau remarcó que la propuesta parte de una lectura actualizada de la problemática habitacional. Según señaló, durante décadas las políticas públicas estuvieron enfocadas principalmente en el acceso a la vivienda propia, mientras que hoy una porción creciente de la población resuelve sus necesidades habitacionales a través del alquiler.

“La mayoría del tiempo hemos pensado la política habitacional como ingreso a la propiedad y no como ingreso y participación dentro del mercado de alquileres. Hoy vemos que la política habitacional es, centralmente, el acceso a un contrato de locación”, indicó.

El edil sostuvo que numerosos profesionales independientes, emprendedores, trabajadores autónomos y personas con ingresos regulares encuentran dificultades para alquilar porque no poseen una garantía propietaria ni los instrumentos financieros exigidos por el mercado.

“Muchas veces no cuentan con ese entorno financiero de solvencia patrimonial. No porque no puedan pagar, sino porque no tienen los instrumentos que exige el mercado formal. Ahí es donde estamos construyendo esta ingeniería institucional para derribar esas barreras”, explicó.

Según su visión, el desafío consiste en diseñar herramientas que permitan incorporar a esos sectores sin afectar la seguridad jurídica que requieren los propietarios.

Fondo de respaldo y primeros 300 cupos

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la creación de un fondo específico que funcione como respaldo ante eventuales incumplimientos contractuales. “Ese fondo lo que hace es sostener el sistema. Están los seguros de caución, los instrumentos financieros y este fondo respaldaría el esquema en caso de que no se cumpla con alguna obligación”, señaló.

La propuesta prevé una etapa inicial con 300 cupos anuales, para lo cual deberá determinarse un monto de respaldo basado en valores promedio de alquileres de viviendas en la ciudad.

“Por año serían 300 cupos. Tenemos que sacar un promedio del valor del alquiler y construir un fondo que garantice para esos primeros 300 cupos el respaldo de esos contratos”, detalló.

El objetivo es que ese fondo sea alimentado mediante la participación de distintos actores institucionales que ya trabajan con herramientas de garantía, seguros o respaldo financiero. “Le pedimos a muchas de estas instituciones que hoy prestan servicios de caución o instrumentos financieros que aporten al fondo para que pueda existir entre el inquilino y el propietario un puente sólido que genere confianza y permita celebrar contratos de locación”, manifestó.

De avanzar en el Concejo Deliberante, el Régimen Garantía Paraná buscará convertirse en una herramienta innovadora para ampliar el acceso a la vivienda en alquiler, incorporando a sectores que hoy encuentran obstáculos para ingresar al mercado formal pese a contar con capacidad de pago. La propuesta apunta a construir una red institucional que combine respaldo financiero, confianza y articulación pública para responder a una problemática que afecta a miles de familias paranaenses.

El proyecto: