Tras la clausura del acopio ilegal en Aranguren, desde Campo Limpio valoraron el accionar del gobierno provincial. Advirtieron sobre el riesgo ambiental y detallaron cómo debe ser la gestión segura de estos residuos.
Tras la clausura del acopio ilegal de envases vacíos de fitosanitarios en la localidad de Aranguren, en el departamento Nogoyá, comenzaron a conocerse más detalles sobre el operativo ambiental que encabezó la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos. El depósito funcionó durante más de una década sin habilitación, acumulando residuos altamente contaminantes cerca de un arroyo que desemboca en el arroyo Don Cristóbal.
En diálogo con Elonce, Gabriela Zermatten, representante regional de Campo Limpio en Entre Ríos, valoró la intervención oficial:
“Celebramos que esto esté sucediendo. Es un hecho que sin dudas marca un antes y un después en lo que es el cuidado del ambiente, en lo que son las buenas prácticas, en concientizar y en hacer las cosas bien”, expresó.
Zermatten explicó que Campo Limpio trabaja junto a la Secretaría de Ambiente —autoridad competente en la aplicación de la Ley Nacional 27.279— para acompañar los operativos. “Este fue el primer decomiso que la autoridad realizó el año pasado. Muestra la importancia del trabajo articulado entre todos los actores: la fiscalización por parte del Estado, la gestión de residuos y la capacitación al productor”, sostuvo.
Desde Campo Limpio se pusieron a disposición Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) habilitados en la provincia para trasladar los envases decomisados y asegurar su tratamiento adecuado.
“El productor, una vez que vacía el envase, debe realizarle triple lavado o lavado a presión y luego perforarlo. Así se garantiza que el envase no sea reutilizado. Luego debe llevarlo al CAT más cercano”, detalló. En Entre Ríos hay actualmente ocho centros habilitados: Federación, La Roque, Victoria, Cerrito, San Marcial, Crespo, Jubileo y La Paz.
Riesgos del circuito ilegal y reciclado seguro
Zermatten también advirtió sobre los riesgos del circuito ilegal de acopio y reciclado. “El plástico que recolectamos en forma legal tiene trazabilidad y va a reciclado seguro, transformándose en tritubos para fibra óptica, varillas, postes o envases tricapa. Pero en el circuito ilegal no se sabe qué se hace con ese plástico, y podría terminar en objetos prohibidos por ley, como juguetes, platos, bancos escolares o cucharitas”, advirtió.
“Lo más grave es que estas prácticas ponen en riesgo la salud de las personas y contaminan los recursos naturales. En este caso, detrás del predio clausurado cruza un arroyo que desemboca en el Don Cristóbal, lo cual agrava aún más el impacto”, subrayó.
La Ley 27.279 prohíbe expresamente el abandono, quema, entierro o comercialización de envases vacíos fuera del circuito legal. “Este tipo de acciones, como la clausura en Aranguren, muestran el compromiso con una gestión ambiental responsable”, concluyó.
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