El Colegio de Abogados de Entre Ríos valoró la aprobación en Diputados de la ley de matrícula federal. "Esta media sanción constituye el comienzo de una reivindicación histórica para la abogacía argentina", expresó Marciano Martínez.
La Cámara de Diputados sancionó y giró al Senado un proyecto de ley que le otorga a la FACA (Federación Argentina del Colegio de Abogados) el control de la matrícula para los letrados que podrán litigar en el fuero federal. "Esta media sanción constituye el comienzo de una reivindicación histórica para la abogacía argentina", expresó el presidente del Colegio de Abogados de Entre Ríos, Enrique Marciano Martínez.
La ley le otorga a la FACA (Federación Argentina del Colegio de Abogados) el control de la matrícula para los letrados que podrán litigar en el fuero federal. La iniciativa propone delegar la coordinación en el otorgamiento de la matrícula federal y el control disciplinario de su ejercicio a la FACA. En el caso de las provincias donde no existiere colegiación legal de los abogados y hasta tanto la misma se implemente, será la FACA quien otorgue la matrícula.
En los fundamentos del proyecto, promovido por el diputado del Frente Renovador Raúl Pérez, se consideró que esta ley permitirá que "sean los propios abogados quienes asuman la responsabilidad de velar por el prestigio del ejercicio profesional y la custodia de los intereses públicos vinculados con el desempeño de los abogados, a través de sus propias instituciones".
Entre las funciones que se delegan a FACA, la organización podrá llevar el registro centralizado de las inscripciones en la matrícula federal y un registro centralizado de sanciones disciplinarias aplicadas a los profesionales inscriptos.
La iniciativa, impulsada por el diputado del Frente Renovador Raúl Pérez, generó revuelo y fue rechazado, por ejemplo, por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que dirige Jorge Rizzo.
<h5>Apoyo provincial</h5>
El presidente del Colegio de Abogados de Entre Ríos, Enrique Marciano Martínez explicó que esta Ley "regula la matricula federal con carácter general e igualitario para todos los abogados del país" y "pretende corregir el defecto de una doble matriculación que la ley 23.187 exige para el ejercicio de la profesión en la Capital Federal, que produce una separación entre la matrícula de abogados de esa ciudad con respecto a los del resto del país, quienes, se ven obligados a efectuar una nueva, innecesaria y muy costosa matriculación en el Colegio Público de Abogados de Capital Federal para litigar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Además Martínez valoró la sanción del proyecto de Ley y afirmó: "Esta media sanción constituye el comienzo de una reivindicación histórica para la abogacía argentina, basada, principalmente, en el federalismo y en la independencia de nuestra profesión".
