La reglamentación de la reforma laboral estableció cambios en el régimen de ultraactividad y abrió un proceso de renegociación de convenios colectivos en todo el país.
Paritarias. La reglamentación de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei habilitó la renegociación obligatoria y masiva de los convenios colectivos de trabajo en todo el país, una medida que genera preocupación entre sindicatos, abogados laboralistas y especialistas en relaciones laborales por su posible impacto sobre salarios y condiciones de trabajo.
La decisión quedó plasmada en el decreto 407, publicado esta semana en el Boletín Oficial, que modificó sustancialmente el régimen de ultraactividad de los convenios colectivos. Según la normativa, la Secretaría de Trabajo "considerará vencidos los convenios colectivos de trabajo cuyo plazo de vigencia originalmente consignado hubiera expirado".
Además, el decreto estableció que el organismo laboral "podrá prescindir de las cláusulas convencionales relativas a la prórroga de vigencia" de los convenios. Para aquellos acuerdos que no tengan una fecha de vencimiento expresamente fijada, la reglamentación determinó como referencia el 31 de diciembre de 2026.
Qué cambios introduce la reglamentación
La nueva normativa dispuso que el proceso de convocatoria para renegociar los convenios comenzará un mes después de la entrada en vigencia del decreto y podrá extenderse durante un año.
Uno de los puntos que más cuestionamientos despertó es la facultad otorgada a la Secretaría de Trabajo para suspender la homologación de convenios cuando las partes no avancen en las renegociaciones. Desde distintos sectores sindicales interpretaron esa herramienta como una posible intervención sobre la negociación colectiva.
El abogado laboralista Juan Ottaviano consideró que la reglamentación podría derivar en una instancia especial de negociación. "Podría terminar por habilitarse una ronda paritaria especial por un año con más poder de la autoridad administrativa de Trabajo para establecer topes salariales y que si no son aceptados se abra la renegociación de todo el convenio, aunque la ley no diga estrictamente esto", señaló.
La reacción de la CGT
La Confederación General del Trabajo expresó su rechazo a la reglamentación y presentó una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
"Advertimos con preocupación la reciente reglamentación de la reforma laboral, en especial a los decretos reglamentarios mediante los cuales el Poder Ejecutivo pretende avanzar sobre derechos, instituciones y garantías que forman parte del sistema de relaciones laborales y de la libertad sindical en nuestro país", sostuvo la central obrera en un comunicado.
El dirigente de Sanidad, Héctor Daer, advirtió que la aplicación de la medida podría derivar en conflictos gremiales y judiciales. En la misma línea, Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, sostuvo que la reglamentación implica "una intromisión que rompe la soberanía de las partes en la negociación de paritarias" y agregó: "Hay un interés del Gobierno de intervenir que va más allá de lo que establece la nueva ley".
Cambios en las cuotas sindicales y empresarias
Otro de los aspectos alcanzados por la reglamentación está vinculado a las denominadas cuotas solidarias y otros aportes previstos en los convenios colectivos.
La reforma laboral fijó un tope del 2% de las remuneraciones para las cuotas solidarias cobradas por los sindicatos y un límite del 0,5% para los aportes destinados a cámaras o asociaciones empresarias, indica Clarín.
Asimismo, el decreto amplió esos límites a todos los "aportes, contribuciones, cuotas, retenciones, fondos o cualquier otra carga económica o institucional" establecidos en los convenios. También dispuso que aquellos acuerdos que superen esos porcentajes deberán ser renegociados y facultó a la autoridad laboral a no homologarlos.
La reglamentación también estableció nuevas exigencias para las cámaras empresarias. Entre ellas, que los aportes solamente podrán ser exigidos a empresas afiliadas y que las entidades deberán acreditar una representación de al menos el 10% de los trabajadores del sector para participar en negociaciones colectivas.
