REDACCIÓN ELONCE
La reforma a la ley de glaciares impulsada por el Gobierno nacional fue suspendida en Santa Cruz tras un fallo judicial que responde a un amparo ambiental.
Un juez federal argentino ordenó este viernes suspender la aplicación de la reforma a la ley de glaciares en la provincia de Santa Cruz, en un fallo que introduce un freno clave a una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional. La medida fue dispuesta por el magistrado Claudio Vázquez, titular del juzgado federal de Río Gallegos.
La decisión judicial responde a una acción de amparo ambiental presentada por el Gobierno municipal y el Concejo Deliberante de la ciudad de El Calafate, acompañados por legisladores provinciales y nacionales. En el planteo, las autoridades solicitaron que la reforma aprobada por el Congreso sea declarada inconstitucional.
El fallo establece que el Estado nacional deberá “abstenerse de aplicar, ejecutar o autorizar, en el territorio de la provincia de Santa Cruz, cualquier acto administrativo o decisión que tenga fundamento en la normativa cuya suspensión” fue ordenada, marcando así un límite inmediato a la implementación de la nueva legislación.
El eje del conflicto: minería y zonas periglaciares
La reforma a la ley de glaciares, aprobada el pasado 9 de abril por el Parlamento argentino y promulgada este viernes, introduce cambios sustanciales en la normativa vigente desde 2010. Entre ellos, habilita a las provincias a definir las zonas periglaciares donde podrían autorizarse actividades extractivas, incluyendo la minería.
Este punto ha generado fuerte controversia, especialmente en regiones como Santa Cruz, donde se encuentran reservas naturales de relevancia internacional. El Calafate, uno de los epicentros del reclamo, es la puerta de entrada al Parque Nacional Los Glaciares, donde se ubica el emblemático glaciar Perito Moreno.
La legislación original, sancionada en 2010, es considerada pionera en América Latina por establecer la protección de los glaciares y su entorno como reservas estratégicas de agua dulce. La modificación, según sus detractores, pone en riesgo ese equilibrio ambiental.
Argumentos oficiales y tensión con el ambiente
Desde el Gobierno nacional, la reforma fue defendida como una herramienta necesaria para fomentar el desarrollo económico, particularmente en el sector minero. La administración de Javier Milei sostiene que el impulso a actividades vinculadas al litio, el cobre y el oro resulta clave en un contexto de inversiones crecientes.
Sin embargo, el fallo judicial abre un nuevo capítulo en la disputa entre desarrollo productivo y preservación ambiental. La resolución no implica la derogación de la norma, pero sí suspende su aplicación en Santa Cruz hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
Por su parte, el Gobierno de la provincia de La Pampa presentó un amparo colectivo contra la reforma de la ley de protección de glaciares en el que plantea la "inconstitucionalidad y la nulidad absoluta" de la norma.
En su reclamo judicial, La Pampa señaló que, si bien no tiene glaciares en su territorio, se nutre de agua del río Colorado, que nace en un área glacial de la Cordillera de los Andes.
El caso podría escalar a instancias superiores y sentar un precedente sobre la implementación de políticas extractivas en zonas sensibles. Mientras tanto, la reforma a la ley de glaciares queda en pausa en una de las provincias más estratégicas en materia ambiental del país.