REDACCIÓN ELONCE
La Cámara de Diputados de Entre Ríos dictaminó a favor del proyecto del Poder Ejecutivo que reforma la Ley de Juicio por Jurados N° 10.746. Entre los puntos centrales se encuentra la redefinición del tipo de delitos que serán juzgados bajo este sistema y la modificación en la forma de remunerar a los ciudadanos que cumplen el rol de jurados populares, lo que implicará una sensible reducción económica.
Al respecto, Carla Cusimano, representante de Vidaer, estuvo en el programa Quién Dice Qué, de Elonce, donde expresó que “creemos que no es necesario, no en este momento. Sí hay cuestiones que podrían modificarse para mejorar, pero no precisamente las referidas a las competencias del juicio por jurados. Sí podrían modificarse cuestiones que hacen a lo presupuestario. El año pasado cuando se dio el debate varias organizaciones fuimos invitadas a formar parte de una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que trata el tema. Planteamos nuestro punto de vista”.
“Ahora no habrá debate al respecto porque el dictamen de comisión fue firmado la semana pasada. Seguramente será tratado en la próxima sesión”, agregó.
Consideran que las modificaciones no deberían aprobarse “en el artículo 2, que dice que deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados, junto con los delitos conexos que con ellos concurren, los delitos cuya pena máxima en abstracto sean de más de veinte años de prisión o reclusión. En el caso de concurso de delitos, deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados, cuando al menos uno de ellos tuviere prevista una pena máxima en abstracto sean de más de veinte años de prisión o reclusión. Esto quiere decir que se sacan todos aquellos delitos que tienen como pena máxima en abstracto de veinte años, son muchos delitos. La mayoría de los delitos no podrían ser juzgados por juicios por jurado si se aprueba el proyecto”.
Aclaró que “cuando pudimos fuimos a exponer, nos pusimos en el lugar de las víctimas, dimos todos los argumentos que son una parte central del proceso de justicia. También dijimos qué es lo que opinábamos del proyecto. Se planteaban varias aristas: una era la cuestión presupuestaria, que fue dada por tierra a través de un proyecto que presentaron desde la Asociación Pensamiento Penal y el Instituto Penal y Procesal Penal del Colegio de la Abogacía. Se presentó un proyecto con varias opciones para resolver la cuestión presupuestaria. Se presentó con la idea de que eso no fuera un obstáculo y se dejaran las competencias tal y como estaban dentro de la ley actual. Esto fue tomado por los legisladores, pero en sentido contrario a lo que se pretendía”.
“Dimos los argumentos y las herramientas, ellos dicen que escuchan, pero lo que pasa es muy diferente a lo que está planteado. Nos han dado un espacio, pero no nos han escuchado. Salió el proyecto exactamente igual, con algunas modificaciones sobre algunos artículos con los que no tenemos ningún tipo de contrariedad. No podemos permitir que nos cercenen derechos y que más de la mitad de los juicios que irían a juicio por jurado, no sean resueltos de esta manera sino a través de juicios técnicos, que tienen que ver con violencia hacia la mujer, con violaciones, con abusos y demás. Todo eso va a volver al mismo sistema que siempre ha revictimizado a la víctima en estas causas”, finalizó. Elonce.com
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