La Justicia habilitó la implementación de portones en accesos barriales durante la noche en la localidad de Villa Allende, Córdoba . La iniciativa generó apoyo oficial, críticas vecinales y cuestionamientos políticos por su impacto en la libre circulación.
Luego de que la Justicia de Córdoba fallara a favor de la Municipalidad de Villa Allende ante un recurso de amparo colectivo presentado por vecinos, esa ciudad vecina de la Capital se convertirá en la primera en cerrar algunas calles en horarios nocturnos con el argumento de prevenir la inseguridad.
El avance de los cerramientos forma parte del “Programa integral de prevención del delito y seguridad vecinal de la ciudad”, convertido en la ordenanza 14/25, e incluye además cámaras, refuerzo de monitoreo, entre otras herramientas de seguridad.
La medida trajo controversia y polémica por lo inédita, no tiene antecedentes en la provincia de Córdoba. Y en el país hubo un antecedente similar en 2010 en Guaymallén, Mendoza, pero la idea no próspero.
La colocación de los portones en calles secundarias estuvo paralizada en 2025 por decisión del municipio a la espera del fallo de la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación de la Capital.
Pero ante el veredicto emitido por esta, el martes pasado, “de no hacer lugar” a la demanda de los vecinos, el cierre comienza “a tomar forma”.
La prueba piloto arrancará con la instalación de 15 portones en los barrios Pan de Azúcar y Lomas Sur entre febrero y marzo de 2026.
De acuerdo al funcionamiento de estos primeros, la Municipalidad analizará la continuidad en otros barrios.
“Sin seguridad, no hay derechos”
El intendente de Villa Allende, Pablo Cornet, dijo a La Voz que preveían un fallo a favor por el trabajo en equipo con respecto a los argumentos jurídicos. “Siempre estuvimos convencidos de que no violábamos los derechos de los vecinos. Sin seguridad, no hay derechos”, sostuvo.
A la par, argumentó que no es una decisión ideológica, sino práctica. Y una medida de seguridad distinta a las ya probadas. “Es lo que esperan los vecinos, tener tranquilidad”, sumó. Opinó que las consultas y encuestas marcan que la mayoría de los vecinos están de acuerdo.
Y adelantó que avanzarán con la ejecución del proyecto, previa licitación de los portones prevista para los meses de enero y febrero con prioridad a proveedores locales.
El intendente explicó que trabajan en los diseños de los portones y las medidas de estos variarán de acuerdo a la longitud de las calles.
La apertura y cierre será de 22 a 6, en las vías secundarias, y a cargo del personal municipal.
Además de los portones, el municipio planteó un sistema de corredores seguros (con 300 cámaras en la vía pública y ocho móviles policiales agregados).
Robos a cualquier hora del día
Cornet indicó que el 60% de los robos suceden durante la noche, pero muchos otros se dan a plena luz del día. Y conjeturó que los vecinos solicitarán el cierre de las calles por 24 horas.
El propio intendente fue víctima de un hecho de inseguridad, la semana pasada, cuando ladrones ingresaron a su propia casa en plena siesta. En ese momento la familia no se encontraba en el domicilio y les llevaron algunas pertenencias.
“Para que la seguridad funcione muy bien, la Justicia debe agilizar los procesos. Hoy, las causas con presos, los allanamientos, tienen procesos muy largos y lentos. Hay una respuesta a destiempo en la gran mayoría de los casos y atenta contra la seguridad”, opinó.
Y ejemplificó: “En mi caso se quiénes robaron. Denuncié el sábado (27 de diciembre), pero los allanamientos los hicieron recién el martes (30 de diciembre)”, agregó.
Los demás barrios donde la Municipalidad tiene previsto colocar los portones son: La Cruz, La Amalia y Jardín Epicuro, con 9 cierres; San Alfonso, El Ceibo y Villa Allende Parque, con el cierre de 12 accesos.
¿Qué dicen los vecinos demandantes?
Cecilia Klor, una de las vecinas demandantes de barrio Lomas Sur, no ocultó su enojo y expresó su decepción ante el fallo de la Justicia. “No nos tomaron en cuenta como vecinos”, afirmó.
Por su parte, desde la oposición, la concejal Marta Banegas (bloque Elegí Villa Allende), dijo que la Justicia no va en consonancia con lo que sucede a nivel general.
“En vez de llevar adelante políticas de inclusión se llevan adelante políticas de segregación y eso es peligroso”, afirmó.
Y negó que sea una medida para resguardo de la seguridad de los vecinos, y ejemplificó con los robos que se suceden en barrios cerrados. “Por más rejas y drones que haya es poco probable que se solucione este problema que va más allá de la inseguridad”, planteó.
La concejal prevé que los portones no son una medida para bajar la inseguridad.
¿Cuáles son los argumentos de la Justicia?
El Tribunal, que falló a favor del municipio, consideró que los planteos de inconstitucionalidad por parte de los amparistas no son procedentes porque la medida es razonable y proporcional al fin perseguido, que es la seguridad pública. Y se dictó en el marco de una emergencia acreditada, que rige en la localidad desde el 2023.
Respecto al Registro de Oposición, la Justicia concluyó que durante el proceso, el derecho de participación fue garantizado (se opuso solo el 1,9%), tanto por la acción judicial cautelar como por la conducta reglamentaria del municipio.
Además, la Cámara distribuyó las costas por el orden causado, considerando la naturaleza de los derechos involucrados y la novedad del asunto.
Los argumentos de los amparistas
Los demandantes interpusieron el amparo colectivo por considerar que el cierre de calles vulnera el derecho a la libre circulación, a la propiedad, a la igualdad ante la ley y discrimina.
Sostuvieron que las calles públicas pertenecen al dominio del Estado y su destino no puede ser alterado por normativas locales, ya que legislar sobre esto es competencia del Congreso Nacional.
También argumentaron que la medida carece de estudios técnicos o científicos que acrediten su necesidad o eficacia para combatir el delito.
Y criticaron el mecanismo del Registro de Oposición porque inicialmente limitaba la participación a los “contribuyentes de la tasa de servicios a la propiedad”, excluyendo a inquilinos y otros residentes, lo que consideraron discriminatorio y contrario a la Carta Orgánica Municipal y la Constitución Nacional.
Además indicaron que el cierre de calles representa un riesgo para el desplazamiento de servicios de emergencia como ambulancias y bomberos.
Los argumentos de la Municipalidad
El municipio defendió la legalidad y razonabilidad del programa, enmarcado en una declaración de emergencia en seguridad (ordenanza N° 13/2025) y en el ejercicio de su poder de policía y autonomía municipal.
Además, argumentó que el deber del Estado es cuidar la vida y seguridad de los vecinos, respaldado por la Corte Suprema. Y que el cierre de calles es solo una parte de un plan integral que incluye cámaras, tecnología, y patrullaje.
También aclaró que la medida es temporal, parcial y no impide el derecho al libre tránsito. Y aportó un informe propio que evidencia un incremento significativo de la actividad delictiva en 2025 y que en la franja horaria de cierre concentra la mayor carga delictiva.
Y sostuvo que el programa tiene un doble fundamento democrático, la aprobación legislativa y el Registro de Oposición.
Tras medidas cautelares y un decreto reglamentario posterior (N° 119/2025), el municipio permitió la participación de inquilinos y poseedores legítimos. Con un 1.98% de oposición, muy por debajo del 40% requerido, lo que refleja la voluntad mayoritaria de los vecinos.
