El Caso Guillermo Ramírez sumará este jueves una audiencia decisiva en Tribunales de Diamante. La familia solicitará la restitución del cuerpo para darle sepultura y avanzar hacia el juicio oral, a un año de la muerte ocurrida tras un procedimiento policial.
El caso Guillermo Ramírez tendrá este jueves 26 de febrero una audiencia determinante en los Tribunales de Diamante, donde la familia solicitará la restitución del cuerpo para poder darle sepultura, a casi un año de la muerte ocurrida durante un procedimiento policial que comenzó en Libertador San Martín y finalizó en Diamante. La instancia judicial se desarrollará a las 9:00 y estará cargada de un fuerte contenido emocional para la esposa e hijos del hombre fallecido.
El abogado querellante, Dr. Nélson Schlotahuer, explicó que el cuerpo de Ramírez permaneció hasta el momento en la cámara frigorífica de la Morgue Judicial de Victoria, pese a que ya se practicaron todos los estudios requeridos por la Defensa, la Fiscalía y la Querella. Según indicó, uno de los planteos defensivos había solicitado informes ampliatorios al Cuerpo Médico Forense.
En los últimos días, el organismo forense respondió que no resultaba necesario realizar estudios complementarios y que correspondía la restitución del cuerpo. En ese marco, se fijó la audiencia para tratar formalmente el pedido y permitir que la familia pueda cerrar una etapa atravesada por el dolor y la incertidumbre.
Restitución del cuerpo y reclamo de justicia
Schlotahuer sostuvo que la prolongación de la permanencia del cuerpo en la morgue generó “estupor y malestar” en la viuda y en los hijos adolescentes. Recordó que el 3 de diciembre de 2025 se celebró una audiencia en la que se consultó específicamente cuál era el estudio adicional requerido, sin que hubiera una respuesta concreta.
“El 27 de febrero se cumplirá un año del hecho”, remarcó el letrado, quien consideró que la situación resultó “anormal” desde el punto de vista humanitario, aunque admitió que pueden producirse este tipo de escenarios en el marco del proceso penal.
Desde la representación legal particular anticiparon que, una vez concretada la restitución, solicitarán la remisión de la causa a juicio. “Entendemos que la tarea investigativa ya se ha cumplido. Tenemos entrevistas, testimonios, informes, videograbaciones y el informe de autopsia final”, señaló.
Autopsia y etapa procesal
En relación con el informe forense definitivo, el abogado indicó que la autopsia concluyó el 12 de noviembre de 2025 y determinó que Ramírez falleció por “asfixia mecánica por compresión cervical”, en probable combinación con compresión torácico abdominal. Añadió que se constataron marcas severas en el cuello, fracturas en el tórax y otras lesiones.
Según sostuvo, los funcionarios policiales involucrados acreditaron haber recibido capacitación para intervenir en situaciones con personas que presentaran problemas de adicción o de salud mental. “No son personas sin conocimiento previo de cómo reaccionar”, afirmó a FM Estación Plus Crespo.
El letrado también planteó interrogantes sobre la asistencia médica, dado que el procedimiento se inició en Libertador San Martín, donde funciona un reconocido sanatorio, y no se habría recurrido a una guardia cuando la víctima “estaba mal”.
Contención y debate social
La familia, según expresó el abogado, no recibió asistencia psicológica ni ayuda económica por parte del Estado. “No hay un mecanismo reglamentado para contener a las víctimas cuando la situación nace en el brazo auxiliar de la Justicia”, afirmó.
No obstante, destacó la intervención del Comité de Prevención de la Tortura en Entre Ríos, integrado por organizaciones y espacios vinculados a la defensa de los Derechos Humanos.
En su reflexión final, Schlotahuer advirtió sobre la necesidad de abordar los hechos desde una perspectiva institucional y social. Sostuvo que toda persona debe ser tratada como un ser humano, independientemente de su condición o situación, y subrayó la importancia de que estos casos reciban un tratamiento judicial acorde a la gravedad de los hechos.
