Apuntan a la exjueza destituida por “maniobras graves” durante la investigación, que provocó la anulación del juicio que se llamaba a cabo por la muerte del ex10 de la selección argentina.
Fernando Burlando y Fabián Améndola -representantes de Dalma y Gianinna Maradona en la causa por la muerte de su padre- pidieron este jueves la detención de Julieta Makintach. La ahora exjueza fue destituida y perdió sus fueros, días atrás, tras descubrirse que participaba de la grabación de una docuserie llamada "Justicia Divina".
El planteo fue presentado durante una audiencia convocada para tratar la recusación que Makintach impulsó contra los fiscales del caso, a quienes acusó de supuestas irregularidades procesales. Esa denuncia deberá ser analizada por el juez de Garantías en los próximos días, aunque el trámite quedó atravesado por el nuevo pedido de los abogados de la familia Maradona.
En el escrito Burlando y Améndola detallaron que a lo largo de la investigación surgieron conductas atribuidas a Makintach que consideran incompatibles con el rol que ocupaba y que, según ellos, configuran “acciones inequívocas de perturbación de testigos, intentos de intimidación, maniobras orientadas a influir en los relatos y comportamientos reiterados que entorpecen el avance de la causa”.
"Riesgo de fuga"
A partir de ese cuadro, los abogados plantearon que la única medida capaz de evitar nuevas interferencias es la detención preventiva de la imputada, basándose en el artículo 148 del Código Procesal Penal bonaerense, que habilita medidas cautelares en casos de riesgo de fuga, posibilidad concreta de manipular prueba o cualquier conducta orientada a influir en testigos.
En ese sentido, remarcaron en su presentación: “La gravedad institucional del caso, el nivel de exposición pública y el alcance del daño provocado obligan a adoptar medidas proporcionales, siendo la detención la única herramienta efectiva para neutralizar el riesgo”.
Como alternativa, en caso de que el juzgado considere que no están dadas las condiciones para ordenar una detención, solicitaron de manera subsidiaria una serie de restricciones: prohibición absoluta de salida del país, entrega inmediata del pasaporte, y veto total de contacto o acercamiento con testigos, agentes policiales, funcionarios o periodistas vinculados al expediente.
