El gobernador Hugo Passalacqua instruyó al Fiscal de Estado a iniciar acciones judiciales para defender los derechos de Misiones ante la eliminación de restricciones para que extranjeros adquieran tierras rurales.
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, instruyó al Fiscal de Estado provincial, Eduardo Duarte, a iniciar las acciones judiciales que correspondieran para resguardar los derechos e intereses de la provincia frente a la eliminación de las restricciones nacionales para la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
La medida quedó establecida mediante el Decreto 1935, firmado este viernes por el mandatario provincial, luego del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó sin efecto una decisión que había suspendido la aplicación del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.
De acuerdo con lo dispuesto por la Provincia, la Fiscalía de Estado podrá intervenir y plantear acciones o defensas judiciales ante operaciones que pudieran afectar los intereses del Estado provincial.
La medida de Misiones
El decreto instruyó al fiscal de Estado a “ejercitar, en las oportunidades y por las vías que resulten técnicamente más oportunas, las acciones y defensas que pudieran corresponder para hacer valer y defender los derechos e intereses del Estado Provincial”.
La disposición apuntó específicamente a aquellas situaciones que pudieran resultar afectadas por la derogación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales, realizada mediante el artículo 154 del DNU 70/2023.
Fiel a la postura que siempre sostuvimos en defensa de nuestro territorio y recursos naturales, y ante el reciente fallo de la Corte Suprema que habilita la libre adquisición de tierras a extranjeros, instruí al Fiscal de Estado a iniciar las acciones judiciales pertinentes para… pic.twitter.com/1kolYPqzMl
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) October 2, 2026
El Gobierno misionero sostuvo que el nuevo escenario había dejado a la provincia ante una situación de vulnerabilidad respecto de la adquisición de tierras por parte de personas extranjeras.
En ese marco, la administración provincial indicó que la Fiscalía de Estado se opondría ante operaciones de venta de tierras que pudieran afectar los intereses provinciales, particularmente en zonas de frontera.
El planteo de Passalacqua
Passalacqua fundamentó la decisión en la necesidad de proteger el territorio y los recursos naturales de la provincia.
El gobernador sostuvo que el fallo de la Corte Suprema había generado la “inmediata vigencia del artículo 154 del DNU N° 70/2023” y consideró que ese escenario había colocado a Misiones en una situación de “absoluta desprotección legal y vulnerabilidad institucional ante la libre adquisición de su territorio por parte de personas extranjeras”.
También afirmó que la normativa tenía efectos sobre distintos aspectos de la administración provincial.
Según expresó, el DNU “impacta de manera directa y lesiva sobre la autonomía y la soberanía territorial, las finanzas públicas y el entramado económico-social de la Provincia”.
En ese sentido, sostuvo que la modificación había alterado “las reglas normativas que rigen sectores estratégicos para el desarrollo provincial” y que “lesiona de forma directa la integridad territorial, el control de los recursos naturales, cuestiones de seguridad provincial y municipal, entre otras”.
La situación fronteriza
A través de una publicación en X, Passalacqua explicó que la decisión se correspondió con la postura que había sostenido respecto de la defensa del territorio y los recursos naturales.
El mandatario señaló que Misiones tiene “el 90% de frontera internacional” con Brasil y Paraguay, además de una biodiversidad que definió como “única en el país” y una matriz económica en la que, según indicó, el pequeño productor ocupaba un lugar central.
“No podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido. Cuidar la tierra misionera es un deber irrenunciable con nuestra soberanía y con nuestra gente”, afirmó.
La provincia también señaló que se encuentra entre los distritos argentinos con mayor proporción de tierras rurales en manos de extranjeros.
Qué había resuelto la Corte Suprema
La decisión provincial se produjo después de que la Corte Suprema de Justicia dejara sin efecto una medida cautelar que había suspendido la aplicación del artículo 154 del DNU 70/2023.
El planteo había sido iniciado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había cuestionado judicialmente la modificación del régimen de tierras.
El máximo tribunal consideró que la organización que había iniciado la acción no contaba con legitimación suficiente para cuestionar la norma en ese proceso, debido a que no se había configurado un caso o controversia judicial concreta.
Tras las repercusiones que generó la resolución, la Corte Suprema difundió un comunicado en el que aclaró el alcance de su decisión.
El máximo tribunal explicó que había resuelto “un aspecto procesal, que se refiere a la legitimación de una asociación para obtener una medida cautelar” y que la decisión se había ajustado a sus precedentes.
Además, señaló que la sentencia no afectaba otras medidas cautelares que se encontraran en trámite con el mismo objeto.
“La sentencia no afecta a otras medidas cautelares que están en trámite con el mismo objeto y toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, puede peticionar una medida cautelar, que esta decisión no impide”, indicó la Corte.
