La baja de la edad de imputabilidad a 14 años obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados con 149 votos afirmativos. El proyecto ahora deberá ser debatido en el Senado.
La baja de la edad de imputabilidad avanzó este jueves en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo logró la media sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil con 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones. La iniciativa, impulsada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, reduce de 16 a 14 años la edad a partir de la cual los menores pueden ser penalmente responsables.
El proyecto fue acompañado por La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Provincias Unidas, el MID, Innovación Federal, Encuentro Federal y Por Santa Cruz, entre otros bloques provinciales. La votación marcó una clara división en el recinto, con el peronismo unido en el rechazo en la votación en general.
En la previa del debate, algunos diputados del Frente Renovador habían dejado trascender que podrían acompañar en particular el artículo referido a la baja de edad a 14 años, en línea con antecedentes legislativos del espacio. Sin embargo, la decisión del oficialismo de votar el articulado por capítulos y a mano alzada terminó por desactivar esa posibilidad.
Cambios centrales en el Régimen Penal Juvenil
El nuevo Régimen Penal Juvenil no solo contempla la baja de la edad de imputabilidad, sino que establece una pena máxima de hasta 15 años de prisión para delitos graves cometidos por menores de entre 14 y 18 años. Entre ellos se incluyen homicidios, robos con violencia, abusos sexuales y secuestros.
Para delitos con penas menores a 10 años, el texto prevé alternativas a la prisión. Entre las medidas se encuentran la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, la realización de servicios comunitarios, el monitoreo electrónico, la reparación integral del daño, la prohibición de concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos.
El proyecto también pone el foco en la creación y adecuación de institutos especializados para el alojamiento de menores condenados. Según la iniciativa, estos centros deberán garantizar el derecho a la educación, la atención médica y el tratamiento de adicciones, y contar con personal especializado en infancia y adolescencia.
