REDACCIÓN ELONCE
Organizaciones de derechos humanos denuncian irregularidades en el proceso de revisión iniciado por el Gobierno. El mecanismo habría dejado sin ingresos a miles de personas en situación vulnerable.
En medio de un creciente malestar social, diversas organizaciones denuncian irregularidades en el proceso de auditorías de pensiones por discapacidad que lleva adelante el Gobierno nacional.
La revisión, que comenzó el año pasado, ya habría provocado la suspensión de más de 110.000 pensiones no contributivas, dejando sin su único ingreso a miles de personas con discapacidad en todo el país.
Eduardo Quiroga, abogado del Programa de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), fue contundente: “El proceso inició el año pasado, pero ha tenido diferentes dificultades y irregularidades en su implementación”. Según el letrado, al menos el 50 % de las personas convocadas a la auditoría nunca recibió la citación correspondiente, lo que las dejó fuera del proceso y derivó en la pérdida del beneficio.
Falta de accesibilidad y fallas en la comunicación
Uno de los puntos más críticos señalados por Quiroga tiene que ver con la forma en que se notificó a los beneficiarios. “El único medio por el que se está notificando a las personas con discapacidad que reciben una pensión es una carta documento. La carta documento no es un medio de notificación accesible por diferentes razones”, explicó.
Detalló casos concretos como el de personas con discapacidad visual que no pueden leer este tipo de documento: “Por ejemplo, una persona que tiene discapacidad visual y recibe una carta documento que tiene un bajo contraste, que por supuesto no está en sistema braile, no viene en un soporte audiovisual, no puede saber qué es lo que dice la carta documento ni cuándo tiene que concurrir”.
A esto se suma la falta de información básica, como qué tipo de documentación deben presentar, obligando a muchos a realizar costosos e invasivos estudios médicos nuevamente. “Nos encontramos con personas que tienen situaciones de salud complejas, deben trasladarse a las capitales de sus provincias o incluso a la Ciudad de Buenos Aires para realizarse estudios”, denunció Quiroga.
Las suspensiones podrían multiplicarse
Hasta el momento, según datos oficiales, se han suspendido más de 110.000 pensiones, pero el número podría escalar rápidamente. “El Estado envió casi un millón de cartas documentos. Más de 500.000 no se entregaron”, explicó Quiroga. Si esta tendencia se mantiene, el número de pensiones suspendidas podría superar las 400.000.
Para muchas personas, perder la pensión implica también quedarse sin cobertura médica: “La pensión no contributiva es para muchas el único ingreso con el que afrontan gastos vinculados a su vivienda, salud, vestimenta, alimentación. También implica la pérdida del programa Incluir Salud”, alertó.
Frente a este panorama, la ACIJ impulsa medidas legales. “Elaboramos reclamos modelo para que, por lo menos en el ámbito de la Agencia Nacional de Discapacidad, puedan cuestionar la decisión de suspender la pensión. También vamos a patrocinar judicialmente a personas en situaciones de suspensión arbitraria”, señaló.
Denuncias de corrupción y pedido de transparencia
Finalmente, Quiroga se refirió a las denuncias por presuntas coimas y manejos irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): “Como en toda denuncia de corrupción sobre funcionarios públicos, esperamos que la justicia actúe de manera rápida, diligente y transparente”, afirmó.
Pidió además que las investigaciones no paralicen la actividad del organismo: “Que el Estado garantice el funcionamiento adecuado de la agencia con recursos humanos y presupuestarios, para que no sufran las personas con discapacidad las consecuencias de estas situaciones”.
