El Gobierno entrerriano rechazó el recurso presentado por el agente y confirmó su cesantía. Había protagonizado un siniestro vial en 2023 mientras cumplía una guardia pasiva. La Provincia argumentó que su conducta provocó una “pérdida de confianza”.
El Gobierno de Entre Ríos confirmó la cesantía de un chofer de ambulancia que registró 2,52 de alcoholemia tras protagonizar un siniestro vial mientras estaba afectado a una guardia pasiva. La Provincia consideró que la conducta provocó una “pérdida de confianza” incompatible con las responsabilidades del empleado público.
La decisión quedó establecida mediante el decreto Nº 1999/2026 GOB., publicado este viernes en el Boletín Oficial, y al que accedió El Entre Ríos. La norma rechazó el recurso de revocatoria presentado por Gustavo Daniel Brumatti contra el decreto Nº 570/26 GOB., que había dispuesto originalmente su cesantía.
El episodio que originó el sumario ocurrió el 17 de marzo de 2023, cuando Brumatti se desempeñaba como chofer de ambulancia del Hospital San Francisco de Asís de Crespo. Cerca de las 16.20 protagonizó un siniestro vial en la intersección de avenida Humberto Seri y calle Estrada.
El test que originó el sumario
Después del accidente, personal municipal le realizó un control de alcoholemia que, de acuerdo con las actas incorporadas al expediente administrativo, arrojó un resultado positivo de 2,52. Además, fue retenido el Renault 19 propiedad del agente.
Al recurrir la cesantía, el trabajador cuestionó la validez de esa prueba. Sostuvo que no se había efectuado un segundo control para confirmar el resultado y aseguró que el procedimiento se realizó contra su voluntad. También denunció que habría existido coacción física para someterlo al test.
Brumatti argumentó, además, que cuando ocurrió el accidente no estaba desempeñando tareas para el hospital, sino para el servicio municipal de emergencias. Por ese motivo, planteó que el episodio no podía considerarse una conducta relacionada con sus obligaciones como empleado del nosocomio.
La Provincia rechazó los argumentos
El Gobierno provincial desestimó esos cuestionamientos y consideró suficientes las actas confeccionadas por la autoridad municipal para acreditar la infracción. Según el decreto, esos documentos habían sido emitidos por funcionarios competentes y reunían los requisitos necesarios para su validez.
“Las manifestaciones vertidas por el recurrente, en torno a la ilicitud de la prueba, son insuficientes a fin de desvirtuar la sanción de cesantía”, señaló la resolución.
Durante el sumario también declaró Sandra Catalina Scarso, quien al momento del episodio era directora del Hospital San Francisco de Asís y médica de tránsito. Según consta en el expediente, explicó que al conocer lo ocurrido se decidió “desactivarlo de la guardia pasiva como chofer de ambulancia” como medida de seguridad para el propio agente y para terceros.
Habían recomendado una sanción menor
Uno de los aspectos discutidos durante el procedimiento fue la diferencia entre la recomendación de la Comisión Asesora de Disciplina y la decisión finalmente adoptada por el Ejecutivo.
La comisión había aconsejado aplicar 20 días de suspensión sin goce de haberes, mientras que el Poder Ejecutivo resolvió imponer la cesantía. El trabajador cuestionó la medida y pidió que fueran consideradas su antigüedad, la ausencia de antecedentes disciplinarios y su desempeño.
La Provincia respondió que el dictamen de la Comisión Asesora de Disciplina no tenía carácter vinculante y que la autoridad competente podía apartarse de esa recomendación cuando existieran razones fundadas.
La “pérdida de confianza”, clave de la cesantía
El argumento central para sostener la máxima sanción estuvo relacionado con las características de la tarea que desempeñaba Brumatti. Para el Gobierno, el hecho de conducir alcoholizado mientras estaba afectado a una guardia pasiva como chofer de ambulancia quebró la confianza indispensable para mantener el vínculo laboral.
“La sanción de expulsión de los cuadros públicos aplicada al recurrente objetivamente se funda en la pérdida de confianza”, sostuvo el decreto al que accedió El Entre Ríos.
La administración consideró que la conducta resultaba incompatible con las obligaciones de un trabajador cuya función consistía precisamente en conducir una ambulancia y que podía ser requerido durante la guardia.
En consecuencia, el Ejecutivo entendió que la cesantía no fue desproporcionada ni irrazonable y rechazó definitivamente el recurso administrativo. Así, más de tres años después del episodio que originó el expediente, quedó ratificada la separación del agente de los cuadros de la administración pública provincial.
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