Los abogados de los funcionarios imputados en la causa CETRU en Concordia, aunaron criterios y solicitaron en conjunto la absolución de sus defendidos. Se investiga el acuerdo entre la comuna y una empresa por el tratado de residuos.
José María Giorgio (patrocinante del ex concejal Heriberto Pezzarini) y Oscar Bacigaluppe (defensor de Juan Carlos Cresto, Alfredo Francolini, Daniel Martínez, Marcos Wdowiak, Roberto González, Martín Santana, Ricardo Zubillaga, Jorge Ferrera, Heriberto Pezzarini y Roberto Chabrillón) aunaron criterios en sus alegatos para solicitar en conjunto la absolución de todos los implicados en la investigación del acuerdo con la firma CETRU, mediante el cual la última gestión Cresto entregó a dicha firma el tratado y reciclado de los residuos de Concordia.
Los abogados José María Giorgio (patrocinante del ex concejal Heriberto Pezzarini) y Oscar Bacigaluppe (defensor de Juan Carlos Cresto, Alfredo Francolini, Daniel Martínez, Marcos Wdowiak, Roberto González, Martín Santana, Ricardo Zubillaga, Jorge Ferrera, Heriberto Pezzarini y Roberto Chabrillón) aunaron criterios en sus alegatos para solicitar en conjunto la absolución de todos los implicados en la investigación del acuerdo con la firma CETRU, mediante el cual la última gestión Cresto entregó a dicha firma el tratado y reciclado de los residuos de Concordia.
La audiencia arrancó a las 8,30 hs. y tras dos horas de alegatos por parte de la dupla defensiva, la jueza Silvina Gallo dio por finalizada la última jornada del juicio anticipando que su sentencia será leída el próximo miércoles 4 de abril, “donde no será obligatoria la presencia de los imputados”, según aclaró.
El primero de lo abogados en comenzar su alegato fue el Dr. José María Giorgio quien pidió la absolución de su defendido (el ex concejal Heriberto Pezzarini) argumentando que la fiscalía a cargo de la Dra. José María Fonseca “no probó q haya habido dolo”, ya que todos los involucrados pudieron probar que antes de tomar la decisión de concesionar el tratamiento de residuos consultaron a distintos abogados. A lo que agregó que la totalidad de los testimonios coincidieron en que no estaba legalmente confirmado que el tratamiento de la basura debía ser considerado un servicio público, “tal como le pregunte a (el ex concejal radical Ricardo) Larocca, ¿si él estaba convencido que era un servicio publico? y me dijo que no”, señaló.
Por otro lado criticó a la parte acusatoria (fiscal) afirmando que para pedir la condena de los imputados “utilizo argumentos ajenos”, atribuyéndole también “erráticas formulaciones en la acusación”, basándose en otros casos similares pero que de acuerdo a lo observado por Giorgio fueron citaciones forzadas. Estimando incluso que en la Dra. Fonseca “hay torpeza y no mala fe” al haber citado mal la obra literaria de un especialista en derecho.
En otro tramo de su alegato sugirió a la fiscal “leer un poco la Ley 3001” (que rige el funcionamiento de municipios), alegando a su favor que en su currículo figura que “durante cuatro años fui asesor de la intendencia (de Hernán) Orduna”.
Por su parte, el Dr. Oscar Bacigaluppe -quien tiene a su cargo la defensa de casi la totalidad de los acusados- arrancó su alegato denunciando que el caso “desde su origen tuvo un tratamiento judicial mas que llamativo”, con “una importante difusión en la prensa” y sin la posibilidad de que los supuestos implicados pudieran defenderse. Ya que “se investigó a espaldas de los sospechados, con un claro afán persecutorio”.
Entre los ejes con los que planteo su pedido de absolución, se refirió a la Ley Nº 25916 sobre Gestión de Residuos Domiciliarios, afirmando que esta norma “carece de reglamentación, lo que le impide tener vigencia”, por lo que “al no poder ser aplicada, no hay manera de sostener esta acusación” en contra de sus defendidos. “Con la no vigencia de esta Ley se cae todo, culpabilidad, dolo y todo”, destacó el letrado.
A ello sumo que queda claro “que hay una confusión grande con respecto a que (el tratamiento de residuos) es, o no, un servicio público”.
También fue crítico con el alegato de la fiscal María José Fonseca al señalar que “confunde por tazas, el pago de derecho (de algunas firmas) para tirar sus desechos en campo abasto”, ya que la fiscal había señalado que ese beneficio había sido dejado de ingresar a las arcas municipales tras la concesión a CETRU.
Por otro lado también fue lapidario con testimonios esgrimidos como fundamentales en el pedido de condena, como el de la ex concejal Mónica Galli “que llama a risa, por que según su declaración prácticamente no vivió en esa época”, ironizó Bacigaluppe.
Rescatando también que el ex concejal opositor Ricardo Larocca “admitió que se opuso (a la concesión) por una cuestión ideológica, pero que no podía afirmar que (el tratamiento) fuera un servicio público”. Para finalizar afirmando que “mis defendidos no han cometido delito alguno. Por lo que solicito la absolución de todos ellos”, informó Diario Río Uruguay.
