El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos difundió datos desde la puesta en marcha del protocolo específico en julio de 2021. Indicaron que los casos estuvieron vinculados principalmente a situaciones descendentes y horizontales dentro del ámbito laboral.
El Poder Judicial de Entre Ríos informó que desde julio de 2021, cuando comenzó a aplicarse el Protocolo para la Prevención e Intervención en Situaciones de Violencia Laboral, se registraron 23 denuncias dentro de la institución.
La información fue difundida por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), que enmarcó los datos en una política institucional vinculada a género, derechos humanos, violencia laboral y protección de personas en situación de vulnerabilidad.
Desde el Poder Judicial señalaron que la cifra corresponde al período iniciado con la implementación formal del protocolo y remarcaron que el sistema cuenta con mecanismos específicos de recepción, análisis e intervención.
Qué tipo de denuncias se registraron
El secretario del STJ, Esteban Simón, a cargo de las Oficinas de Sumarios y Violencia Laboral, indicó que las 23 presentaciones estuvieron referidas principalmente a situaciones de violencia descendente y horizontal.
Es decir, conflictos producidos entre distintos niveles jerárquicos o entre personas del mismo ámbito laboral.
Actualmente, la planta total del Poder Judicial entrerriano está integrada por 2.839 agentes, entre magistrados, funcionarios, trabajadoras y trabajadores.
Cómo funciona el protocolo
Desde el organismo explicaron que el protocolo fue elaborado mediante un proceso participativo con distintos estamentos judiciales y cuenta con la intervención de una Comisión Evaluadora de Violencia Laboral.
Ese espacio está integrado por representantes del STJ, los ministerios Público Fiscal y de la Defensa, la Asociación de la Magistratura y la Asociación Judicial de Entre Ríos.
Además, las actuaciones se tramitan ante la Oficina de Sumarios y Violencia Laboral, donde se brinda asesoramiento, información y acompañamiento a las personas involucradas.
Otros organismos y capacitación
El informe también destacó el funcionamiento de áreas especializadas como la Oficina de la Mujer y la Oficina de Violencia de Género.
Según explicó Fernanda Baima, secretaria de ambos organismos, esos espacios intervienen de manera cotidiana en situaciones de violencia que afectan especialmente a mujeres en condición de vulnerabilidad en toda la provincia.
También desarrollan capacitaciones permanentes para el personal del Poder Judicial, en el marco de la Ley Micaela y con eje en la incorporación transversal de la perspectiva de género.
Desde el STJ sostuvieron que estas acciones forman parte de una política pública judicial en desarrollo, orientada a prevenir violencias y fortalecer ámbitos laborales respetuosos dentro de la institución.
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