La investigación apunta a aumentar el monto del embargo sobre los bienes del expropietario del Frigorífico de Santa Elena, que es de $ 51 millones. La causa fue elevada a juicio oral y se espera la confirmación de la fecha de realización.
A la espera de la fecha para el juicio oral contra el empresario y expropietario del Frigorífico de Santa Elena, Sergio Taselli, por el vaciamiento de YCRT/YCF, la Justicia de Capital Federal accedió a un pedido de la querella para que se investigue todo el patrimonio del empresario y la participación de éste en sociedades, para ampliar el embargo que ya tiene en esa causa.
Cabe recordar que este año la causa fue elevada a juicio oral y recayó en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5 de Capital Federal, integrado por los jueces, Adriana Palliotti, Daniel Horacio Obligado y Oscar Alberto Hergott, siendo la Fiscalía interviniente en las presentes actuaciones la número 7 a cargo del doctor Miguel Angel Osorio.
Administración fraudulenta
Estos mismos funcionarios judiciales ordenaron que se profundice la investigación sobre el patrimonio general del procesado Sergio Taselli (en el ámbito nacional e internacional) y se tenga presente aumentar el monto del embargo, que actualmente asciende a 51 millones de pesos. Se trata de la causa N° 2015 que investiga sus maniobras fraudulentas durante la concesión que ejerció sobre Yacimiento Carbonífero de Río Turbio entre los años 1994 y 2002, publicó <i>Tiempo Sur</i>.
El juicio oral que debe afrontar el controvertido empresario por administración fraudulenta y estafa procesal en perjuicio del Estado Nacional, en ocasión del vaciamiento del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio en la provincia de Santa Cruz, ya es un hecho al que sólo le falta la fecha. La causa fue iniciada en el año 2001 por mandato del Congreso de trabajadores del carbón que organizó ATE (Asociación Trabajadores del Estado) seccional Río Turbio.
Para ello, el Tribunal Oral Federal libró oficios pidiendo información al Sistema Nacional Tributario y Social y a la Inspección General de Justicia, sobre las titularidades de bienes, domicilios, activos, bienes registrables, personas jurídicas, participación en sociedades, etc. en las que puedan estar involucrado el procesado.
"Prácticas corruptas"
A pesar de que una primera estimación del daño causado al Estado nacional eleva la suma a 180 millones de dólares, al momento de ser notificado del embargo (en 2012), Sergio Taselli, declaró "no poseer bienes y/o dinero" para afrontarlo.
Cabe destacar un párrafo significativo del documento del Fiscal General:
(?) "Es tarea de este Ministerio Público fiscal, no solo el sostenimiento de la acción penal contra una o más personas a los efectos de lograr una condena penal respecto de una conducta delictiva, sino también, lograr que los bienes objeto de los delitos sean devueltos a la sociedad". (?), señala el documento
Además, añade: "Los hechos materia de investigación en la presente causa, sin lugar a dudas, sólo fueron posibles por las prácticas corruptas que tiñeron los negocios comerciales, los que generan grandes beneficios -sumas y bienes millonarios- a aquellas personas involucradas" (?)
(?) "Nuestra obligación, como operadores judiciales que somos, no se limita al juzgamiento de la conducta delictiva de una persona, sino que paralelamente es nuestro deber recuperar los bienes y activos, provecho del delito (art. 23 del Código Penal) para ello se deben adoptar las medidas necesarias para no frustrar ese objetivo"(?), afirma el Fiscal General. Fuente: (Tiempo Sur).-
