La Justicia de Santa Fe ordenó la intervención del órgano de administración de la concursada firma Vicentin por 120 días hábiles y designó a dos interventores. La decisión judicial tiene como objetivo frenar el deterioro financiero.
La Justicia de Santa Fe ordenó la intervención del órgano de administración de la empresa concursada Vicentin por 120 días hábiles y designó a dos personas para que se hagan cargo del proceso. La medida la dictó el magistrado de Reconquista Fabián Lorenzini.
La decisión judicial tomada este martes tiene como objetivo frenar el deterioro financiero y operativo de la empresa, en medio de una grave crisis.
El tribunal dispuso la suspensión provisoria de los mandatos del actual Directorio de Vicentin y la intervención por parte de dos nuevos responsables: el contador Andrés Shocrón y el abogado Guillermo Nudemberg.
Estos interventores tendrán un plazo de 120 días para evaluar la situación de la empresa y proponer medidas que garanticen su viabilidad.
El juzgado determinó la intervención luego de una serie de informes que revelaron la incapacidad del actual Directorio para manejar la grave crisis económica de la firma.
Entre las primeras acciones de los interventores, se destacó la necesidad de evaluar urgentemente los activos de la empresa y prevenir cualquier daño adicional a las unidades de negocios.
Además, se otorgó una tutela inhibitoria para evitar la interrupción de los servicios esenciales, como energía y transporte, que son vitales para la reactivación de las plantas.
Próximos pasos
En los próximos días, los interventores deberán presentar un informe detallado sobre la situación de Vicentín y delinear un plan de acción que contemple la reestructuración de la deuda y la continuidad de las operaciones productivas, publicó AiredeSantaFe. Mientras tanto, el Directorio suspendido deberá colaborar con las nuevas autoridades, en un intento por asegurar una transición ordenada y evitar mayores daños.
El impacto
Uno de los aspectos clave de la resolución judicial fue la protección de los trabajadores y proveedores de la empresa, quienes están expuestos a los efectos del cierre de plantas y el creciente pasivo de la firma. La intervención judicial busca garantizar la conservación de los puestos de trabajo y el cumplimiento de los pagos laborales, en un contexto donde el riesgo de quiebra es inminente.
