La Justicia argentina pidió información a Gran Bretaña e Israel sobre las empresas vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en las cercanías de las Islas Malvinas. El requerimiento apunta a conocer la composición societaria, autoridades y representantes legales de Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.
La medida fue solicitada en el marco de las investigaciones judiciales iniciadas por las actividades hidrocarburíferas que el Estado argentino considera ilegales en la zona de las islas. El pedido se produce mientras avanzan distintas actuaciones contra las compañías involucradas en el proyecto.
Según informó NA, el juez federal Julián Ercolini solicitará información a las autoridades judiciales de ambos países. En paralelo, otras medidas judiciales también alcanzaron a las empresas relacionadas con Sea Lion.
Qué información se pidió a Gran Bretaña e Israel
En el caso de Gran Bretaña, el requerimiento contempla información societaria de las firmas vinculadas al grupo Rockhopper, además de la identidad de sus autoridades desde 2012 y antecedentes relacionados con las licencias petroleras.
Para Israel, el pedido incluye el registro societario y la identificación de los directivos de Navitas Petroleum desde 2012, además de información sobre sus vínculos con las compañías británicas.
La investigación busca determinar responsabilidades individuales en relación con las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en el área de las Malvinas. La Justicia también analiza la documentación vinculada con las licencias y autorizaciones utilizadas por las empresas.
El fiscal Carlos Stornelli había ampliado previamente la acusación e incorporado a Rockhopper Exploration PLC, dos de sus subsidiarias y Navitas Petroleum Development and Production Limited.
El proyecto Sea Lion y la disputa por las licencias
El proyecto Sea Lion es desarrollado por Navitas Petroleum, de origen israelí, y Rockhopper Exploration, de origen británico. La iniciativa se encuentra en el área norte de las Islas Malvinas.
En marzo de 2026, el gobierno de las islas difundió una actualización de las licencias de producción hidrocarburífera. Según esa información, Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) posee una participación del 35% en las licencias PL032 y PL033, mientras que Navitas Petroleum Development and Production Limited mantiene el 65% y actúa como operadora.
El gobierno de las Islas Malvinas anunció además este mes una extensión por cinco años de las licencias de producción offshore, con la posibilidad de dos años adicionales. La decisión recibió el respaldo del gobierno británico.
Las empresas, por su parte, sostienen que desarrollan sus actividades bajo licencias otorgadas por las autoridades de las islas y que cuentan con el respaldo del Reino Unido.
También solicitaron informes y declaraciones
Además de los requerimientos internacionales, la Justicia solicitó distintas medidas de prueba dentro de la investigación.
Entre ellas se encuentra la declaración de la embajadora Paula Iris Di Chiaro y el pedido de informes a la Jefatura de Gabinete y al Ministerio de Seguridad sobre actuaciones ambientales y posibles intervenciones de fuerzas federales.
La Justicia también busca reunir antecedentes sobre las sanciones y actuaciones administrativas vinculadas con las compañías petroleras.
En paralelo, el Juzgado Federal de Río Grande mantiene una causa diferente, de carácter ambiental, en la que la jueza Mariel Borruto ordenó a Rockhopper y Navitas abstenerse de iniciar o continuar determinadas obras relacionadas con Sea Lion hasta que se realice el procedimiento de evaluación de impacto ambiental correspondiente.
La causa se inició tras la denuncia del Gobierno
La investigación penal se inició a partir de una denuncia del Gobierno argentino relacionada con las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la zona de Malvinas.
El Gobierno había anunciado en septiembre un endurecimiento de las medidas contra empresas extranjeras que participen de actividades hidrocarburíferas en el área que Argentina considera parte de su plataforma continental. La decisión quedó vinculada con las acciones diplomáticas y judiciales que se desarrollaron posteriormente.