La reforma previsional volvió a ser eje de debate este martes durante una nueva reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Asuntos Constitucionales del Senado provincial. En esta oportunidad expusieron representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y de la Asociación del Personal Superior Municipal (APS), quienes manifestaron su rechazo al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.

La secretaria general de APS, Alejandra Levrand, sostuvo que la entidad se opone a la iniciativa por considerar que implica "un ajuste sobre trabajadores activos y jubilados de Entre Ríos".

Según explicó, el rechazo no responde a una postura caprichosa, sino a una serie de fundamentos vinculados al impacto que tendría la reforma sobre distintos sectores laborales y previsionales.

Cuestionamientos a la emergencia previsional

Uno de los principales planteos realizados por APS estuvo relacionado con la declaración de emergencia económica y financiera del sistema jubilatorio entrerriano.

Levrand expresó su desacuerdo con la posibilidad de delegar amplias facultades al Poder Ejecutivo y advirtió que la emergencia previsional, prevista inicialmente hasta diciembre de 2027, podría extenderse mediante prórrogas.

La dirigente señaló que esa situación generaría incertidumbre sobre los alcances y la duración efectiva de las medidas contempladas en el proyecto.

Preocupación por la edad jubilatoria

Durante la exposición, APS también manifestó reparos respecto de los cambios propuestos en la edad de jubilación.

Levrand ejemplificó la situación de los trabajadores municipales que ingresan jóvenes a la administración pública y sostuvo que, con los nuevos requisitos, podrían permanecer varias décadas en actividad antes de acceder al beneficio previsional. “Tendrían que trabajar 35 años más de aportes, con lo cual, trabajaría medio siglo para jubilarse”, mencionó.

Asimismo, mencionó la realidad de sectores como salud, educación, servicios generales y recolección de residuos, al considerar que el incremento de la edad jubilatoria no contempla las exigencias físicas de muchas tareas.

Cambios en los haberes y las paritarias

Otro de los puntos observados por el gremio está vinculado con la actualización de los haberes jubilatorios.

Según explicaron, el proyecto establece que los incrementos se otorguen con una demora de hasta 60 días hábiles y vinculados a la administración central provincial.

Desde APS señalaron que esa modalidad podría desvincular a los jubilados municipales de las negociaciones salariales propias de su sector y afectar el poder adquisitivo de los pasivos.

Además, advirtieron que el texto no contempla expresamente el pago retroactivo de los aumentos.

Críticas al cálculo del 82 por ciento móvil

Por su parte, el secretario de Organización de APS, Edgardo Carrere, cuestionó las afirmaciones oficiales respecto a que el proyecto mantiene intacto el 82 por ciento móvil.

El dirigente sostuvo que "la iniciativa modifica aspectos centrales del cálculo jubilatorio al extender el período considerado para determinar el haber inicial y alterar el mecanismo de actualización de los salarios utilizados como referencia".

Según indicó, esos cambios podrían derivar en una reducción de los ingresos previsionales futuros.

Facultades sobre municipios y comunas

Carrere también expresó preocupación por las atribuciones que el proyecto otorgaría al Poder Ejecutivo en relación con los municipios y comunas.

En ese sentido, sostuvo que "la iniciativa habilitaría mecanismos para determinar déficits previsionales y efectuar compensaciones mediante recursos de coparticipación o títulos ejecutivos".

Los representantes gremiales afirmaron que continuarán participando de las instancias de debate legislativo y ratificaron su defensa de la Ley 8.732, que actualmente regula el sistema previsional provincial.