La acusación contra petroleras en Malvinas fue ampliada por el fiscal Carlos Stornelli, quien incorporó a sociedades de Rockhopper y Navitas Petroleum. También pidió información al Reino Unido e Israel para determinar la estructura y los vínculos comerciales de las compañías.
La acusación contra petroleras en Malvinas fue ampliada por el fiscal federal Carlos Stornelli, quien incorporó a la investigación a Rockhopper Exploration PLC, dos de sus subsidiarias y Navitas Petroleum Development and Production Limited, por actividades hidrocarburíferas realizadas cerca de las islas sin autorización argentina.
Las empresas incorporadas son Rockhopper Exploration (Oil) Limited y Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, además de la casa matriz y Navitas. Las compañías se sumaron a Desire Petroleum Limited, que ya estaba alcanzada por la investigación iniciada a partir de una denuncia presentada por el Gobierno argentino.
El expediente tramita ante el Juzgado Federal N°11, subrogado por el juez Ariel Lijo. Entre las medidas solicitadas, Stornelli pidió librar exhortos al Reino Unido e Israel para conocer la composición societaria de las compañías y determinar eventuales relaciones comerciales entre ellas.
Qué busca determinar la investigación
La Fiscalía pretende establecer si las actividades vinculadas con la búsqueda y explotación de hidrocarburos realizadas sin autorización argentina en la plataforma continental próxima a las Islas Malvinas podrían constituir delitos contemplados por la legislación nacional.
Además de las posibles infracciones vinculadas específicamente con la actividad hidrocarburífera, Stornelli planteó que la investigación deberá determinar si pudieron cometerse delitos ambientales, infracciones aduaneras o lavado de activos provenientes de las operaciones denunciadas.
Como parte de las medidas de prueba, el fiscal solicitó que la Secretaría de Energía remita los expedientes vinculados con las resoluciones sancionatorias dictadas anteriormente contra las compañías. También requirió documentación a Cancillería e información sobre eventuales actuaciones ambientales y de fuerzas federales relacionadas con esas actividades.
Los antecedentes de las petroleras
Los antecedentes administrativos se remontan a 2012, cuando la Secretaría de Energía declaró ilegales las actividades atribuidas a Desire Petroleum en la plataforma continental argentina. Al año siguiente, otra resolución dispuso la inhabilitación de la empresa durante 20 años para desarrollar actividades en el país.
La decisión se fundamentó en que la compañía utilizaba una licencia concedida por autoridades británicas en las islas sin contar con autorización argentina. Rockhopper también había sido alcanzada por resoluciones administrativas vinculadas con actividades de exploración y explotación en el área.
La hipótesis que ahora busca profundizar la Fiscalía apunta a establecer si, pese a las sanciones y a los cambios producidos posteriormente en las estructuras societarias, continuaron utilizándose permisos para desarrollar actividades hidrocarburíferas en la zona próxima a las Malvinas.
Las penas contempladas por la legislación
La investigación tiene entre sus fundamentos la Ley 26.659, modificada posteriormente por la Ley 26.915. La normativa establece sanciones para quienes realicen actividades de exploración de hidrocarburos sin autorización de la autoridad argentina competente en el mar territorial o la plataforma continental.
Para la exploración no autorizada, la legislación contempla penas de cinco a diez años de prisión, además de multas calculadas sobre el valor de entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo crudo WTI e inhabilitación especial para desarrollar actividades comerciales.
Las sanciones son superiores para determinadas actividades de extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos obtenidos de yacimientos ubicados en esas áreas marítimas. La normativa también establece que las responsabilidades pueden alcanzar a directores, gerentes, administradores o representantes de personas jurídicas que hayan intervenido en los hechos investigados.
El proyecto Sea Lion y otro frente judicial
La ampliación de la causa se produjo en un escenario de creciente judicialización alrededor del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas y desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
En otro expediente, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto dictó recientemente una medida cautelar que ordenó a las compañías abstenerse de avanzar con tareas vinculadas al proyecto mientras se analiza el planteo ambiental formulado ante la Justicia argentina.
Las compañías, por su parte, sostienen que cuentan con licencias válidas otorgadas por las autoridades de las islas. El Reino Unido mantiene su posición de respaldo a las actividades económicas desarrolladas bajo esas autorizaciones y rechaza la jurisdicción argentina sobre esas operaciones.
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