El Gobierno prepara más recortes del gasto público antes de 2027 y revisa organismos para eliminar, fusionar o reducir estructuras. Desde diciembre de 2023 se eliminaron 71.029 puestos estatales, según datos oficiales.
El Gobierno prepara más recortes del gasto público antes de 2027 y puso en marcha una nueva revisión integral de la administración nacional con el objetivo de detectar organismos, estructuras y funciones que puedan eliminarse, fusionarse o reducirse durante los próximos meses. La intención oficial es avanzar con las modificaciones antes de que la campaña electoral del próximo año ingrese plenamente en la agenda política.
La evaluación incluye inicialmente organismos que habían sido alcanzados por la reforma impulsada mediante decretos delegados durante 2025 y que posteriormente quedó sin efecto por el rechazo del Congreso. Sin embargo, desde la Casa Rosada anticiparon que el análisis será más amplio y podría incorporar dependencias que no estuvieron contempladas en aquel proceso.
“Se está trabajando. No está cerrado qué entra y qué no”, señalaron desde el Ejecutivo. A diferencia de anteriores iniciativas, la nueva revisión no comenzó con una nómina definitiva de organismos, sino con un análisis de funciones, presupuestos, cantidad de empleados, presencia territorial y posibles superposiciones con provincias y municipios.
Qué organismos vuelven a estar bajo análisis
Entre los antecedentes se encuentra la disolución que el Ejecutivo había dispuesto para Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito. También se había avanzado con la eliminación de la ARICCAME, el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Instituto Nacional de Semillas.
El paquete contemplaba además transformaciones en organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Vitivinicultura y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Tras el rechazo parlamentario de los decretos, el Gobierno debió restablecer las estructuras anteriores.
Ahora, los equipos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, volvieron a estudiar el funcionamiento de distintas dependencias. En Nación remarcaron que el futuro proyecto no necesariamente replicará los decretos rechazados y que las decisiones serán adoptadas caso por caso.
El ajuste también alcanzará al empleo público
La reorganización prevista estará acompañada por la continuidad de la reducción de personal. Entre las herramientas consideradas aparecen la no renovación de contratos, los retiros voluntarios, pases a disponibilidad y eventuales recortes en las plantas permanentes cuando se implementen procesos de reestructuración.
Según el último informe oficial del Ministerio de Desregulación, entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 se eliminaron 71.029 puestos de trabajo dentro del sector público. La cifra representó una reducción del 14,1% de la dotación y, de acuerdo con los cálculos oficiales, generó un ahorro acumulado de US$2.814 millones.
El ajuste fue más pronunciado en determinadas áreas. La Administración Pública Nacional redujo su personal un 20,1% y las empresas públicas, un 21,5%. Dentro de la administración nacional, las áreas centralizadas disminuyeron su dotación un 11,3% y las descentralizadas, un 15,9%.
Contratos y empresas estatales, entre los más afectados
Los contratos bajo la Ley Marco mostraron una disminución del 26,4%, mientras que los convenios con monotributistas retrocedieron 48,6%. Las plantas permanentes y transitorias, por su parte, registraron una reducción del 15%, según el relevamiento oficial.
Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) ubicaron la dotación estatal total de junio en 271.696 personas. De ese número, 184.202 trabajadores correspondieron a la Administración Pública Nacional y otros 87.494 a empresas y sociedades estatales.
En términos interanuales, la cantidad de empleados disminuyó 6,8% en la Administración Pública Nacional y 4,5% en las compañías estatales. Solamente durante junio, la plantilla total se redujo aproximadamente un 0,6%.
La meta oficial para reducir la planta estatal
El objetivo político establecido por el oficialismo para 2026 había sido disminuir otro 10% de la dotación existente al comenzar el año. La meta representaba aproximadamente 27.000 puestos sobre una planta que entonces se acercaba a los 279.000 trabajadores.
El Gobierno no confirmó si ese porcentaje será aplicado uniformemente ni si podrá completarse durante el año. No obstante, la pauta continuará funcionando como referencia para ministerios, organismos descentralizados y empresas públicas mientras avanza la revisión de estructuras.
La estrategia generó diferencias dentro de la propia administración. En algunas áreas consideraron que “no hay más margen para recortar” sin comprometer funciones operativas y plantearon que las futuras reducciones deberían concentrarse principalmente en organismos con tareas duplicadas o dependencias con menor carga de trabajo.
El ajuste y la necesidad de sostener el equilibrio fiscal
La profundización de los recortes también está relacionada con el objetivo de mantener las cuentas públicas equilibradas. Junio terminó con un déficit primario de $696.843 millones y un resultado financiero negativo de $1,025 billones, aunque el primer semestre conservó un superávit primario cercano al 0,6% del Producto Bruto Interno (PBI) y uno financiero del 0,1%.
Los ingresos mensuales aumentaron 22,3% interanual y los gastos primarios avanzaron 37,7%. Entre los factores que incidieron estuvieron la postergación de vencimientos de Ganancias y el pago de aguinaldos previsionales.
La recaudación tributaria de junio alcanzó los $20,017 billones, con un incremento nominal interanual del 23,7%. En el acumulado entre enero y junio, los recursos tributarios llegaron a $109,572 billones y crecieron 25,9%.
El Gobierno vincula los recortes con futuras bajas de impuestos
En la Casa Rosada esperan que una recuperación de la actividad económica fortalezca la recaudación mediante IVA, Ganancias y contribuciones a la seguridad social. Sin embargo, reconocen incertidumbre respecto de la velocidad de esa mejora y del efecto fiscal que tendrían futuras reducciones tributarias.
La posición oficial es que cualquier reforma que disminuya alícuotas o elimine impuestos deberá estar acompañada por nuevos recortes del gasto para preservar el equilibrio fiscal. En ese marco, la reorganización del Estado se presenta como una de las herramientas para generar ese margen presupuestario.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó para 2026 un superávit primario nacional del 1,4% del PBI y estimó que debería incrementarse gradualmente hasta aproximadamente 2,25% en el mediano plazo, principalmente por el crecimiento previsto en el pago de intereses, publicó Tn.
Más cambios normativos en preparación
El FMI sostuvo que para alcanzar esos objetivos será necesario continuar limitando salarios públicos, transferencias a empresas estatales, subsidios, compras de bienes y servicios y gastos de capital. Además, planteó avanzar con reformas tributarias, previsionales y fiscales.
Paralelamente, el Ministerio de Desregulación trabaja en un proyecto más amplio de cambios normativos destinado a modificar competencias estatales, eliminar regulaciones y redefinir funciones dentro de distintas áreas. El borrador contempla organismos sectoriales, entes regulatorios y diferentes regímenes administrativos y económicos.
