El Tribunal Oral Federal Número 2 de Salta condenó a penas de entre tres y 15 años de prisión a los siete integrantes de una organización narcocriminal integrada por gendarmes en actividad, exonerados o aspirantes a esa fuerza.
El Tribunal Oral Federal Número 2 de Salta condenó a penas de entre tres y 15 años de prisión a los siete integrantes de una organización narcocriminal integrada por gendarmes en actividad, exonerados o aspirantes a esa fuerza, quienes fueron juzgados por dos transportes de cocaína que totalizaron 334 kilos y fueron desbaratados en procedimientos realizados en 2024 en la provincia.
La investigación fue impulsada por el fiscal federal Ricardo Toranzos, a cargo del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta.
Además, el tribunal presidido por la jueza Gabriela Catalano e integrado por los jueces Domingo Batule y Diego Matteucci, dispuso el decomiso de una vivienda ubicada en Orán y de tres camionetas -dos Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux- utilizadas por la organización para desarrollar sus actividades ilícitas.
En la audiencia se dieron a conocer las condenas: Richar Ariel Delgado, gendarme exonerado, y Gabriel Osvaldo Ruiz Apaza, finquero de Orán, recibieron penas de 15 años de prisión como coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas, en dos hechos. Por la misma calificación legal, Jonathan Leonel Ostapowicz, comerciante de Posadas, fue condenado a 14 años de prisión.
En tanto, Adrián Emilio Escarlata, también exonerado de la Gendarmería Nacional, recibió una pena de doce años de prisión por su participación en uno de los transportes investigados.
Por su parte, Diego Hernán Delgado, cabo primero en actividad de Gendarmería Nacional destinado al momento de los hechos en el Destacamento Móvil 1 de Campo de Mayo, y además hermano de Richar Delgado, fue condenado a nueve años de prisión como coautor del delito de transporte de estupefacientes agravado tanto por la cantidad de intervinientes como por su condición de funcionario público.
Asimismo, Federico Rubén Batista, también miembro activo de la fuerza federal, y Francisco Agustín Flores, aspirante a incorporarse a ella, fueron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional como partícipes secundarios.
La investigación se había iniciado a partir de un procedimiento de flagrancia, pero avanzó hasta revelar una organización con una compleja estructura logística integrada por gendarmes en actividad, exonerados y colaboradores civiles.
El primero de los dos hechos se concretó en mayo de 2024, en la localidad salteña de General Pizarro, mientras que el otro fue en octubre del mismo año en Rosario de la Frontera, según supo la Agencia Noticias Argentinas a través del Ministerio Público Fiscal.
Al fundamentar las penas, la presidenta del tribunal destacó la magnitud de la maniobra investigada, la cantidad de droga secuestrada y el nivel de organización evidenciado durante el debate: "Si esa droga hubiera llegado a destino podría haber afectado a más de dos millones de personas", señaló Catalano al referirse a los resultados de los peritajes químicos practicados sobre los estupefacientes secuestrados que establecieron un promedio de producción de más de 2.700.000 dosis, con una pureza del 84 por ciento.
“La salud pública es la salud de la sociedad entera; cada dosis afecta no solo al adicto, sino también a su familia y a toda la comunidad”, sostuvo.
