REDACCIÓN ELONCE
Desde el Comité nacional de Defensa del Usuario Vial cuestionan la medida por inconstitucional y alertan por sus efectos sobre costos, seguridad y economías regionales. Advierten sobre consecuencias legales y costos para usuarios.
La provincialización de rutas en Argentina, generó un fuerte rechazo por parte de entidades técnicas y usuarios viales, tras la decisión del Gobierno nacional de avanzar con un nuevo esquema de gestión. La medida fue formalizada mediante el Decreto 253/2026 y propone que las provincias asuman la administración de tramos de la red nacional.
El esquema habilita, además, la posibilidad de concesionar corredores a privados y financiar su mantenimiento mediante el cobro de peajes. El objetivo oficial es redefinir el rol del Estado en materia de infraestructura y promover modelos descentralizados.
En este contexto, el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial expresó un “fuerte rechazo” a la iniciativa y la calificó como “ilegal, inconstitucional e inoportuna”.
Cuestionamientos legales y constitucionales
Desde la entidad sostuvieron que la transferencia de rutas nacionales a las provincias requiere la intervención del Congreso y una ley específica que respalde el proceso. También remarcaron la necesidad de asignar recursos para garantizar el mantenimiento.
Según el análisis del CONADUV, el decreto implicaría un traslado de responsabilidades sin financiamiento, lo que podría agravar la situación fiscal de las provincias que asuman la gestión de los corredores.
Además, señalaron que el esquema propuesto vulneraría principios del sistema federal al modificar competencias sin el debido respaldo legislativo, lo que abriría la puerta a eventuales conflictos judiciales.
Peajes y posible impacto económico
Uno de los puntos más cuestionados es el mecanismo de financiamiento a través de peajes directos. Desde el organismo advirtieron que esta herramienta podría convertirse en un “impuesto encubierto” para los usuarios.
“Se impone una carga económica obligatoria sin una contraprestación garantizada”, indicaron, al remarcar que los ciudadanos ya contribuyen al sistema vial mediante el impuesto a los combustibles.
También alertaron sobre una posible doble imposición y señalaron que el nuevo esquema podría incrementar los costos logísticos, afectar la competitividad de las economías regionales y encarecer el transporte de bienes.
Consecuencias en la red vial
El debate también abarca el impacto en la seguridad vial y el mantenimiento de las rutas. Desde el sector advierten que la fragmentación de la gestión podría generar estándares dispares entre provincias.
En ese sentido, indicaron que la falta de una planificación unificada podría derivar en inversiones desiguales y en el deterioro de algunos tramos estratégicos de la red nacional.
La iniciativa oficial se enmarca en una política más amplia que busca reducir la participación directa del Estado nacional y promover la intervención privada en la infraestructura.
Propuestas alternativas y debate abierto
Frente a este escenario, el CONADUV propuso avanzar en un plan vial integral financiado con recursos existentes, especialmente los provenientes del impuesto a los combustibles.
“El país necesita un sistema vial eficiente, sin barreras ni costos adicionales para los usuarios, que garantice la libre circulación y el desarrollo productivo”, señalaron desde la entidad.
Mientras crecen las repercusiones en distintos sectores, la provincialización de rutas en Argentina se consolida como un eje de debate que combina aspectos legales, económicos y políticos, y cuyo impacto seguirá en discusión.
