De todas formas, Estados Unidos excluyó varias de las principales exportaciones como aviones, jugo de naranja y energía.
Estados Unidos impuso un arancel del 50% a Brasil sobre todas las importaciones, en respuesta a lo que calificó como una “persecución política” contra el expresidente Jair Bolsonaro y sus seguidores. La decisión fue oficializada mediante una orden ejecutiva firmada por Donald Trump y entrará en vigencia en los próximos siete días, según detalló la Casa Blanca.
El documento emitido por el gobierno estadounidense acusa al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de encabezar una supuesta “campaña de censura, intimidación y enjuiciamiento” contra opositores al actual gobierno, entre ellos ciudadanos y empresas vinculadas a Estados Unidos. La medida generó preocupación regional, ya que Brasil es uno de los principales socios comerciales de la Argentina.
Desde Washington alegan que incluso se congelaron activos, se intimidó a compañías con capital norteamericano y se iniciaron procesos penales contra residentes en EE.UU. por publicaciones realizadas fuera del territorio brasileño. “Esta es una respuesta a la represión sistemática contra la disidencia”, argumentaron desde el entorno del presidente Trump.
Sanciones personales al juez Alexandre de Moraes
Además del arancel del 50% a Brasil, la Casa Blanca anunció sanciones individuales contra el magistrado Alexandre de Moraes, aplicadas bajo la conocida ley Magnitsky. Este instrumento legal permite al Poder Ejecutivo estadounidense sancionar a individuos acusados de violaciones a los derechos humanos o corrupción sin necesidad de una condena judicial previa.
Las sanciones incluyen el congelamiento de bienes vinculados al juez en territorio estadounidense, la prohibición de realizar transacciones financieras mediante el sistema bancario de EE.UU. y el bloqueo del acceso a servicios digitales como Gmail, Google Pay y YouTube. La inclusión de estas plataformas genera incertidumbre sobre el alcance real de las restricciones.
No obstante, expertos jurídicos señalaron que la aplicación de la ley en este caso es polémica, ya que Alexandre de Moraes no enfrenta denuncias por corrupción y sus decisiones cuentan con el respaldo institucional del Supremo Tribunal Federal de Brasil. La medida marca un precedente inédito en el vínculo bilateral entre ambos países. (Con información de Ámbito)
