REDACCIÓN ELONCE
Laura denunció amenazas y abuso sexual, pero vivió una situación confusa en Fiscalía. Asegura que la revictimizaron y teme perder su trabajo. Códigos accedió a su testimonio.
“Me dijeron que había fallecido, después que fue un error y que la causa seguía”, resumió Laura, una mujer que denunció por amenazas a Fabio Moreyra, y que ahora reclama justicia tras vivir una secuencia de confusiones y presiones institucionales. La presentación inicial la hizo en la comisaría y luego ante la Fiscalía Nº 1, donde fue notificada de que Moreyra había muerto justo antes de presentarse con su abogado. Sin embargo, días más tarde le informaron que se trató de un error y que la causa continuaba abierta.
Laura contó que, tras esa confusión, desde la Fiscalía la volvieron a contactar para consultarle si seguiría adelante con la denuncia y si aceptaría una reparación económica. "No me dijeron el monto", señaló, y explicó que no se sentía emocionalmente preparada para declarar sobre el abuso sexual que sufrió.
Códigos accedió al testimonio de Laura, quien pidió visibilizar su caso, resguardando su identidad. Asegura que la Justicia la revictimizó y que se encuentra sin apoyo institucional frente a una situación de extrema vulnerabilidad.
Abuso sexual y revictimización institucional
Laura confesó que fue víctima de violación por parte del mismo Moreyra. La denuncia fue hecha verbalmente ante una abogada y una psicóloga en la esquina de Alameda de la Federación y Catamarca. “Estando con un arma, abusaba de mí”, afirmó con dolor, y señaló que no se sintió contenida por las autoridades.
Sostuvo que no pudo denunciar antes porque no estaba emocionalmente preparada para afrontar la situación. Indicó que había designado como abogado a Jorge Martínez, pero que en la Fiscalía no lo reconocían como su representante, a pesar de haber firmado su designación el día anterior en tribunales. Esta situación le provocó un ataque de pánico por el que fue asistida en el Centro de Salud Hermanas Catalina. “No la estoy pasando bien”, expresó entre lágrimas.
La mujer señaló que su estado emocional se agravó por la falta de comprensión institucional y por la sensación de estar sola en el proceso. La incertidumbre y las contradicciones oficiales afectaron su salud mental y su estabilidad.
Hostigamiento, vínculos policiales y falta de respuestas
Pese a que el acusado tiene una tobillera electrónica, Laura manifestó que sigue siendo hostigada. “Él sigue trabajando y está constantemente cerca mío, suena el dispositivo y me lo cruzo”, denunció. Añadió que la hija de Moreyra trabaja en el 911 y, aunque no está en funciones por un accidente, sigue teniendo vínculos en el sistema policial.
Laura sospecha que el entorno del agresor tiene acceso a información sensible, lo que la hace sentir desprotegida. “Esto es una payasada lo que hicieron en la Fiscalía”, expresó con impotencia al referirse a la falta de respuestas claras por parte del Ministerio Público Fiscal.
La denunciante aseguró que teme por su integridad y por la posibilidad de que los allegados del acusado puedan interferir en la causa o tener conocimiento de sus movimientos.
Miedo a perder su empleo y consecuencias económicas
Una de las mayores preocupaciones de Laura es perder su trabajo como empleada municipal. Según explicó, la Fiscalía solicitó imágenes de cámaras de seguridad del lugar donde fue acosada, lo que podría comprometer su empleo. “Ya me lo dijo mi encargado, si piden las cámaras me van a echar”, afirmó con angustia.
Laura también realiza tareas adicionales por las que cobra $2.900 por hora, en pagos quincenales. Ese ingreso, sumado a su bajo salario municipal, es esencial para cubrir sus necesidades. La posibilidad de perder ambos ingresos la deja en una situación económica crítica.
“Necesito que me ayuden. No tengo drama en que se difunda mi caso, pero que resguarden mi identidad”, concluyó. Laura exige una respuesta urgente de las instituciones y visibilizar su denuncia por amenazas y abuso.