El hecho ocurrió en una dependencia policial de Santa Fe y derivó en una condena a tres años de prisión condicional, una multa económica y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Un policía fue condenado a tres años de prisión condicional por el robo de cuatro cubiertas de un patrullero oficial y venderlas para saldar una deuda personal. El hecho ocurrió en la ciudad santafesina de San Justo y fue esclarecido a partir de una investigación judicial que incluyó análisis de cámaras de seguridad y registros oficiales.
La sentencia fue dictada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe por el juez Pablo Ruiz Staiger, en el marco de un juicio abreviado. El acusado, de 40 años, reconoció su responsabilidad penal como autor de los delitos de peculado y estelionato, ambos agravados por haber sido cometidos con ánimo de lucro.
Según informó el Ministerio Público de la Acusación, el hecho fue cometido mientras el imputado se desempeñaba como subinspector en la Comisaría Primera de la Unidad Regional XVI, con asiento en San Justo. De acuerdo a la acusación fiscal, el accionar delictivo se concretó entre el miércoles 24 y el viernes 26 del mes pasado.
Durante ese período, el policía retiró las cuatro cubiertas de un móvil policial que se encontraba estacionado dentro de la dependencia. El patrullero estaba bajo su custodia funcional, en razón del cargo que ocupaba en la fuerza.
La investigación determinó que, tras sustraer los neumáticos, el efectivo los vendió como si fueran de su propiedad. Con el dinero obtenido, canceló una deuda cercana a los 400.000 pesos que mantenía con la persona que adquirió las cubiertas. El faltante fue detectado pocos días después, lo que dio inicio a la investigación penal.
El fiscal Ezequiel Hernández explicó que para esclarecer el hecho se recabaron testimonios, se analizaron los registros del GPS del móvil policial y se revisaron imágenes de cámaras de seguridad, además de otras evidencias relevantes.
Asimismo, la acusación sostuvo que el entonces subinspector intentó entorpecer la investigación cuando advirtió el rumbo que tomaba la causa. En ese contexto, habría amedrentado al comprador de las cubiertas para que las ocultara y no lo delatara.
Finalmente, el juez dispuso la condena a tres años de prisión condicional, el pago de una multa de 90.000 pesos —el monto máximo previsto por la ley penal para este tipo de delitos— y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
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