La Justicia consideró que la ANDIS actuó de manera irregular y la orden de la restitución de las pensiones por discapacidad deberá cumplirse en todo el país.
La Justicia consideró este jueves que la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) actuó de manera irregular y deberá pagar las pensiones por discapacidad retenidas.
El Juzgado Federal N° 2 de Catamarca hizo lugar a una acción de amparo colectivo promovida por asociaciones de personas con discapacidad, titulares de pensiones no contributivas y el defensor del Pueblo provincial.
La demanda de estos actores cuestionó la implementación de auditorías médicas. Además, denunció que desde julio gran parte de los titulares de las pensiones comenzaron a enterarse de las suspensiones sin notificaciones claras ni oportunidad de defensa.
Antes de la sentencia definitiva, la ANDIS respondió que actuó bajo las facultades que le dieron los decretos 698/2017 y 843/2024. Asimismo, argumentó que las auditorías que realizó fueron correctamente notificadas y que las suspensiones ocurrieron en los casos donde no se acreditaron los requisitos médicos necesarios.
En este contexto, la sentencia definitiva que se publicó este jueves habló sobre el fondo de la cuestión y expresó que la Agencia Nacional de Discapacidad no acreditó la existencia de actos administrativos individuales que establecieran las bajas. Es por eso que la Justicia determinó que eso fue un mecanismo que actuó sin sustento jurídico para interrumpir prestaciones a un sector de la población.
Por último, el juez dijo que las pensiones no contributivas son propiedad de sus titulares y solo pueden ser retenidas a través de un procedimiento regular que respete el debido proceso y la defensa en juicio.
Por qué el Gobierno dio de baja pensiones no contributivas
Hasta el 16 de julio de 2025, el Gobierno suspendió las pensiones de 65.230 personas por distintas irregularidades, sobre un universo de un millón de beneficiarios. Además, el informe oficial aseguró que el 60% de las personas en cuestión no habrían presentado la revisión médica.
En ese sentido, y hasta esa fecha, 8.207 personas habían renunciado a la pensión de manera voluntaria y otras 6.643 se dieron de baja por el fallecimiento de sus titulares.
Según datos de la ANDIS, de esta manera el Estado dejó de abonar 80.080 pensiones y se ahorró mensualmente $23.000.000. (TN)
