Auditorías del PAMI detectaron consultas incompatibles con las horas declaradas por médicos y órdenes emitidas a fallecidos. Hubo denuncias, allanamientos y suspensiones.
Auditorías realizadas por el PAMI detectaron presuntas irregularidades en la facturación de prestaciones médicas en distintas provincias del país, incluyendo consultas incompatibles con las horas de atención declaradas por los profesionales y órdenes médicas emitidas a nombre de afiliados fallecidos. Las maniobras investigadas podrían haber generado un perjuicio económico de cientos de millones de pesos para la obra social de los jubilados.
Las anomalías fueron detectadas en expedientes tramitados en Buenos Aires, Santa Fe, Chaco y Córdoba, entre otras jurisdicciones. Como consecuencia, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) presentó denuncias penales, rescindió contratos y dispuso retenciones preventivas de pagos mientras avanzan las investigaciones.
Según trascendió, al menos siete profesionales quedaron bajo la lupa por presuntas maniobras irregulares vinculadas a la facturación de consultas y prácticas médicas.
Un caso bajo investigación por más de 700 millones de pesos
Uno de los expedientes más relevantes involucra a un cardiólogo de la localidad santafesina de Acebal, identificado por las iniciales M.G.A., quien fue allanado por la Policía Federal Argentina en el marco de una investigación judicial.
De acuerdo con la documentación analizada, el profesional habría informado la atención de más de 5.000 afiliados y la realización de más de 50.000 estudios y prácticas médicas entre 2023 y 2025. La situación llamó la atención de los auditores debido a que una importante cantidad de esos pacientes residía en otras provincias.
La maniobra investigada tendría un impacto económico cercano a los 700 millones de pesos. De ese total, aproximadamente 580 millones ya habrían sido abonados por la obra social.
Consultas imposibles y pacientes fallecidos
Las auditorías aplicaron un criterio uniforme para detectar inconsistencias. Los especialistas compararon la cantidad de consultas facturadas con la capacidad máxima de atención que cada médico podía brindar según las horas de trabajo declaradas en el sistema institucional.
En el caso del cardiólogo investigado, una primera auditoría realizada en enero de 2025 detectó que diez afiliados desconocían haber sido atendidos por el profesional pese a que existían órdenes médicas electrónicas emitidas a su nombre.
Además, los investigadores encontraron prácticas médicas supuestamente realizadas y facturadas a pacientes de otras jurisdicciones e incluso órdenes electrónicas emitidas a nombre de afiliados que ya habían fallecido.
Otro expediente, correspondiente a un profesional identificado como M.A.C. en Córdoba, reveló que se registraron órdenes médicas electrónicas el 14 de noviembre de 2024 pese a que el afiliado involucrado había sido dado de baja por fallecimiento seis días antes.
Retenciones, débitos y denuncias penales
Las restantes auditorías también detectaron diferencias entre las consultas declaradas y la capacidad operativa de los prestadores. Como resultado, el organismo dispuso débitos sobre liquidaciones ya presentadas y suspendió pagos preventivamente en algunos casos.
Entre los expedientes revisados figuran profesionales identificados como J.R.C., M.A.D.C., G.M.M., A.R.S. y L.B.S., quienes quedaron alcanzados por distintas medidas administrativas derivadas de las investigaciones, indica Infobae.
En uno de los casos, las prestaciones correspondientes a agencias de Lanús, San Justo y Quilmes permanecen bajo revisión, por lo que los pagos fueron retenidos hasta la finalización del proceso de auditoría.
Desde el PAMI señalaron que las investigaciones continuarán para determinar el alcance de las presuntas maniobras y establecer las responsabilidades correspondientes en cada expediente.