La iniciativa ingresó al Concejo y propone prohibir la actividad durante todo el año, aumentar multas y prever arrestos en casos agravados, además de controles y reconversión laboral.
El Concejo Municipal de Rosario sumó un nuevo proyecto para prohibir la actividad de cuidacoches en la ciudad. La iniciativa fue presentada por el concejal de La Libertad Avanza Juan Pedro Aleart e ingresó este lunes por mesa de entradas del Palacio Vasallo para su tratamiento parlamentario.
La propuesta se incorporó en un contexto marcado por hechos recientes de violencia protagonizados por cuidacoches, luego de que se viralizara un video en el que se observa una pelea con armas blancas en la zona de Tucumán y avenida Belgrano, en el marco de disputas por el control del territorio.
En su artículo primero, el proyecto establece la prohibición en todo el ejido urbano de la actividad de cuidacoches, trapitos, abrepuertas o cualquier modalidad similar que implique el ofrecimiento o exigencia de dinero a cambio del supuesto cuidado, vigilancia, lavado o autorización para estacionar vehículos en la vía pública. La única excepción prevista es para actividades expresamente autorizadas por ordenanza específica y debidamente reglamentadas, como el sistema de estacionamiento medido.
La prohibición regiría las 24 horas, durante todo el año, sin distinción de días, horarios, zonas o eventos. Además, se propone modificar distintos artículos del Código de Convivencia, incorporando un abanico de sanciones que incluye amonestaciones, multas, decomisos, inhabilitaciones, tareas educativas y la prohibición de acercamiento o concurrencia a determinados lugares.
En ese marco, se plantea la modificación del artículo 300 del Código, que “quedará redactado de la siguiente manera: la persona que en la vía pública ofrezca o preste servicios de cuidado, vigilancia, limpieza de vidrios o estacionamiento de vehículos, de manera onerosa o gratuita, sin autorización formal de la autoridad competente, será sancionada con multa de cien (100) a quinientas (500) Unidades Fijas (…) y el decomiso de los elementos utilizados”.
El proyecto también contempla agravantes. En esos casos, la multa podría duplicarse y habilitar sanciones de arresto de hasta quince días cuando se trate de espectáculos públicos o eventos masivos, exista actuación organizada de dos o más personas, se exija dinero bajo amenaza o se detecte la participación de organizaciones que administren la actividad.
En otro apartado, se refuerza el poder de policía y control del Estado. “La actuación de las autoridades de control no quedará supeditada a la denuncia previa de particulares, debiendo intervenir de oficio ante la constatación de la falta”, se indica. Para ello, se prevé la articulación con fuerzas de seguridad, el uso de cámaras de videovigilancia y canales municipales de denuncia.
El texto también remarca que “Prohíbese la creación de registros, padrones, permisos, credenciales, cooperativas, asociaciones civiles, sindicatos u otros mecanismos” que habiliten o regularicen la actividad, y subraya, según indica La Capital, que “El Estado Municipal no podrá delegar el cobro de tarifas por uso del espacio público en organizaciones de la sociedad civil”.
Finalmente, el proyecto incorpora un capítulo de reconversión laboral, con articulación a programas de empleo y capacitación para quienes abandonen voluntariamente la actividad, sin que ello implique reconocimiento de derechos adquiridos ni indemnizaciones.
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