El Gobierno provincial inició un sumario administrativo e intimó al trabajador de un hospital a reintegrar más de $31 millones, bajo apercibimiento de acciones judiciales.
El Gobierno de Entre Ríos dispuso el inicio de un sumario administrativo contra un agente del Ministerio de Salud y ordenó el recupero de $31.864.796,02, monto que, según el decreto oficial, fue percibido de manera indebida. Además, intimó al trabajador a reintegrar ese dinero, más los intereses correspondientes, bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales.
Al trabajador, que se desempeñaba en el Hospital Justo José de Urquiza de Federal, se le reconoció el primer año de licencia por enfermedad con goce íntegro de haberes, de manera discontinua, entre el 1 de febrero de 2022 y el 9 de septiembre de 2023. Posteriormente, se le otorgó un segundo año de licencia por enfermedad sin goce de haberes, únicamente para conservar el cargo, entre el 10 de septiembre de 2023 y el 13 de enero de 2025, según se detalla en la norma a la que tuvo acceso Elonce.
Sumario por inasistencias
De acuerdo con el decreto, el trabajador habría incurrido en inasistencias entre el 14 de enero y el 27 de agosto de 2025, situación que motivó la apertura de un sumario administrativo por una presunta infracción al artículo 71, inciso a), de la Ley Nº 9.755, que regula el empleo público en la provincia.
Asimismo, la administración provincial resolvió consolidar la deuda por los haberes percibidos indebidamente, fijándola en $31.864.796,02, a lo que deberán sumarse los intereses calculados conforme a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina.
Intimación de pago y posible demanda judicial
La resolución establece que el Ministerio de Salud deberá intimar al agente para que, en un plazo de 30 días desde su notificación, reintegre el monto reclamado mediante depósito en la cuenta bancaria indicada por la cartera sanitaria.
En caso de que el dinero no sea restituido dentro del plazo fijado, el decreto ordena dar intervención a la Fiscalía de Estado, organismo que deberá promover las acciones judiciales necesarias para recuperar los fondos, incluidos los intereses, gastos y honorarios que pudieran corresponder.
Finalmente, la norma dispone remitir las actuaciones a la Dirección de Sumarios de la Fiscalía de Estado para continuar con el procedimiento administrativo previsto por la legislación vigente.
