La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, evalúa incorporar el arma al equipo usado por las fuerzas federales. La provincia de Buenos Aires lo rechaza y Capital Federal, quiere otras que no sean letales.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, analiza la posibilidad de que las fuerzas federales puedan utilizar las pistolas eléctricas <b>luego de firmar la resolución por la que les concedió mayor flexibilidad a la hora de empuñar las armas de fuego</b> para combatir el delito.
Un funcionario con llegada a Bullrich le confirmó a <i>TN</i> sobre el nuevo debate interno: <b>"Por el momento no la vamos a reglamentar, pero lo estamos evaluando"</b>.
<h5>Otras armas</h5>
Desde el entorno de Cristian Ritondo, <b>ministro de Seguridad bonaerense, lo rechazaron rotundamente: "Nosotros solo tenemos diez taser para que el Grupo Halcón las use en la toma de rehenes, pero no en la vía pública</b>. Cuando llegamos nos encontramos con muchos policías que nunca habían hecho una prueba de tiro. Antes que redefinir el marco de actuación tenemos que culminar este camino de reforma profunda e integral".
<h5>El uso de taser</h5>
En la Ciudad de Buenos Aires, por su parte, pretenden un punto medio. Desde el entorno del vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, ahora a cargo de las funciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, le aclararon a este medio: <b>"La taser no está en discusión, pero Santilli quiere reunirse con Bullrich para impulsar la reglamentación de otras armas no letales</b>, como la pistola marcadora, gas lacrimógeno y gas pimienta".
<h5>Inconstitucional</h5>
Con el Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego, los integrantes de las cuatro fuerzas -Policía Federal, de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería y Prefectura-, <b>no deberán identificarse como tal cuando dicho acto "pueda suponer un riesgo de muerte o lesiones su propia vida"</b> ni esperar a que el sospechoso dispare primero.
De inmediato, la legisladora porteña del Frente de Izquierda (FIT), Myriam Bregman, y la referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú, denunciaron el nuevo protocolo y <b>el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, Roberto Gallardo, lo declaró inaplicable en la ciudad de Buenos Aires por inconstitucional</b>.
