El Ministerio de Justicia creó un programa para asistir a jueces y fiscales en el control electrónico de determinadas medidas restrictivas de la libertad.
Tobilleras electrónicas. El Gobierno nacional creó este miércoles el Programa de Asistencia Tecnológica para la Supervisión de Medidas Restrictivas de la Libertad Ambulatoria, que permitirá utilizar herramientas de monitoreo electrónico en determinados procesos penales de la Justicia federal y nacional.
La medida fue establecida mediante la Resolución 434/2026 del Ministerio de Justicia, publicada este miércoles 9 de septiembre en el Boletín Oficial. El programa funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Política Criminal de la Secretaría de Justicia.
Según estableció la normativa, uno de sus principales objetivos será promover herramientas tecnológicas para gestionar riesgos procesales y facilitar medidas cautelares que resulten proporcionales a las circunstancias de cada proceso. La decisión de imponerlas continuará correspondiendo a la Justicia.
En qué casos podrán utilizarse
El programa alcanzará determinadas medidas de coerción contempladas por el Código Procesal Penal Federal, así como supuestos de detención domiciliaria previstos por el Código Penal y la Ley 24.660. También comprenderá medidas o penas contempladas por el régimen de responsabilidad penal juvenil.
En determinados supuestos, la herramienta estará dirigida a personas sobre las que la Justicia federal o nacional haya dispuesto medidas restrictivas y que no hayan ingresado previamente a un establecimiento penitenciario o dependencia de alojamiento transitorio. La resolución también contempla excepciones específicas previstas por el Código Procesal Penal Federal.
El Ministerio de Justicia brindará asistencia técnica y tecnológica a los órganos judiciales y al Ministerio Público Fiscal para implementar y supervisar estas medidas.
Capacitación, estadísticas y seguimiento
Entre los objetivos también figura capacitar a los operadores involucrados, promover buenas prácticas y elaborar estadísticas e indicadores para evaluar los resultados del nuevo programa.
La coordinación quedó a cargo de Brian Ezequiel Gallo, quien ejercerá esa función con carácter ad honorem. A su vez, la Subsecretaría de Política Criminal deberá articular la implementación con las autoridades judiciales y fiscales.
Los gastos necesarios serán afrontados con recursos del Ministerio de Justicia. La Resolución 434/2026 estableció que el programa entró en vigencia este miércoles 9 de septiembre, el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial.
