Se depuró su normativa vigente, se eliminaron resoluciones sin aplicación práctica y se ordenó la actualización de su Digesto Institucional para brindar mayor seguridad jurídica y reducir la carga burocrática.
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), aprobó la Resolución 35/2026 que avanza en el ordenamiento y la simplificación del marco regulatorio del Sistema de Riesgos del Trabajo. La medida forma parte del proceso de revisión normativa impulsado por el Gobierno Nacional para eliminar regulaciones obsoletas, redundantes o sin aplicación práctica y facilitar el acceso a un marco legal más claro y actualizado.
Como resultado del relevamiento realizado por las áreas técnicas del organismo, la SRT declaró formalmente la pérdida de vigencia de un conjunto de resoluciones que habían quedado tácitamente derogadas por normas posteriores, y derogó expresamente otras disposiciones cuyo objeto ya se encontraba cumplido, cuyo plazo había vencido o que resultaban innecesarias. El objetivo es reducir la carga administrativa tanto para el Estado como para los ciudadanos, sin afectar derechos adquiridos ni situaciones jurídicas consolidadas.
La resolución también dispone la actualización del Digesto Institucional de la Superintendencia, con el fin de reflejar el nuevo estado del ordenamiento normativo y facilitar su consulta por parte de trabajadores, empleadores, aseguradoras y operadores jurídicos.
El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó: "El costo del sistema de riesgos del trabajo es uno de los temas que más preocupa en el mercado laboral. Esta resolución es un primer paso para ordenar ese esquema: deroga 122 normas obsoletas, redundantes o sin sentido, algunas vigentes desde hace más de 30 años. Eliminamos regulaciones vinculadas a trámites que hoy son digitales, registros y estructuras que habían perdido su razón de ser y programas que ya no estaban operativos. Es un primer paso, pero uno muy importante para limpiar el terreno y avanzar hacia una revisión integral del sistema, reduciendo burocracia y haciendo más eficiente el funcionamiento del Estado".
La iniciativa se enmarca en los principios de simplificación administrativa, buena administración y mejora regulatoria establecidos por la normativa nacional, promoviendo reglas más claras, procesos más ágiles y mayor seguridad jurídica. De esta manera, el Gobierno continúa avanzando en la eliminación de burocracia innecesaria y en la modernización del Estado para brindar respuestas más eficientes y transparentes a los ciudadanos.
