La Libertad Avanza afronta días decisivos en el Parlamento, con sesiones consecutivas en el Senado y Diputados. El oficialismo busca avanzar con la modernización laboral y la baja de la edad de imputabilidad antes del feriado de Carnaval, en medio de negociaciones políticas
Se espera una semana de alta intensidad en el Congreso Nacional. Con el período de sesiones extraordinarias en marcha, el Gobierno nacional se prepara para enfrentar dos debates centrales para su agenda legislativa: la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil. Ambas iniciativas serán tratadas en sesiones consecutivas y pondrán a prueba la capacidad de negociación de La Libertad Avanza con la oposición y los gobernadores.
El miércoles será el turno del Senado, donde el oficialismo intentará obtener la media sanción del proyecto de modernización laboral impulsado por el presidente Javier Milei. Sin embargo, el contenido final del dictamen aún genera incertidumbre, ya que los cambios introducidos no serán difundidos hasta el momento de la votación, con el objetivo de evitar tensiones que puedan trabar los acuerdos políticos.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es el capítulo fiscal, en particular la reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas, una medida que impacta directamente en la recaudación provincial. Este aspecto concentra la mayor parte de las negociaciones entre el Gobierno y los gobernadores, que reclaman compensaciones ante una eventual caída de ingresos. También generan debate otros artículos vinculados a indemnizaciones, bancos de horas, pago de salarios en especie y fraccionamiento de vacaciones.
Mientras tanto, los gremios siguen de cerca el tratamiento de la iniciativa y la CGT ratificó una movilización en las inmediaciones del Congreso el día de la sesión, en rechazo a los cambios que consideran perjudiciales para los trabajadores y el financiamiento del sistema de seguridad social, dio a conocer Ámbito.
Al día siguiente, el jueves, la Cámara de Diputados debatirá el nuevo Régimen Penal Juvenil, que propone bajar a 14 años la edad de imputabilidad. Se trata de un proyecto impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que retoma un dictamen aprobado en comisión el año pasado tras descartar la posibilidad de reducir el límite a 13 años por falta de consenso político.
La iniciativa establece un esquema de sanciones graduales según la gravedad del delito, prioriza medidas alternativas a la prisión y fija una pena máxima de 15 años para delitos graves. Además, prevé que la privación de la libertad sea aplicada solo en casos de alta gravedad y en institutos especializados, sin contacto con adultos. Como parte de las negociaciones, el oficialismo aceptó que el Estado nacional absorba parte del costo fiscal de la implementación para las provincias que adhieran al régimen.
Con el respaldo del PRO, bloques provinciales y un sector de Unión por la Patria vinculado al Frente Renovador, el Gobierno da por descontada la aprobación del proyecto en Diputados, lo que representaría un triunfo político clave antes del receso legislativo por Carnaval.
