REDACCIÓN ELONCE
A casi ocho años de los despidos en la empresa editora de El Diario, ex empleados denunciaron incumplimientos en el pago de indemnizaciones y exigieron respuestas urgentes al Poder Judicial ante la falta de ejecución de sentencias firmes.
El reclamo de indemnizaciones de ex trabajadores de El Diario volvió a tomar estado público tras un nuevo comunicado en el que denunciaron demoras judiciales y la falta de cumplimiento de fallos firmes dictados a su favor. A casi ocho años de los despidos ocurridos en mayo de 2018, más de ochenta exempleados de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER) afirmaron que aún no percibieron las indemnizaciones correspondientes, pese a contar con sentencias definitivas.
Según expresaron, el paso del tiempo evidenció la falta de respuestas concretas tanto por parte de la empresa como del sistema judicial. “Hace casi ocho años, en mayo de 2018, más de ochenta trabajadores de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), empresa editora de El Diario, fueron desvinculados y, al día de hoy, continúan sin percibir las indemnizaciones que les corresponden por ley, pese a contar con sentencias firmes a su favor”, señalaron en el documento.
En ese sentido, remarcaron que el conflicto se extendió a lo largo de distintos contextos nacionales e internacionales, sin que se registraran avances sustanciales. Indicaron que, cuando comenzó la situación, el país se preparaba para un Mundial de fútbol y, tras la realización de otros torneos globales, las deudas continúan sin saldarse.
Demoras judiciales y responsabilidades
Los ex trabajadores advirtieron que el prolongado proceso judicial generó consecuencias económicas y personales de relevancia. Señalaron que la espera implicó años de incertidumbre, desgaste y vulneración de derechos. “Para quienes fuimos despedidos, el transcurso del tiempo no es una abstracción: son años de incertidumbre, de derechos vulnerados, de desgaste económico y personal, y de una paciencia que se agota”, manifestaron.
Asimismo, denunciaron incumplimientos reiterados por parte de la empresa, a la que acusaron de no destinar los recursos obtenidos a cancelar las indemnizaciones. A lo largo de estos años, indicaron, la firma atravesó distintos cambios en su conducción, sin que ello derivara en soluciones. Mencionaron entre los responsables a la familia Etchevehere, Walter Grenón, Ramiro Nieto y Gustavo Scaglione.
En paralelo, cuestionaron el accionar del Poder Judicial en la tramitación del expediente, a cargo del Juzgado de Concursos y Quiebras Nº 9 de Paraná. Según afirmaron, las demoras resultan difíciles de justificar frente a la existencia de fallos firmes que reconocen sus derechos.
Impacto social y reclamo institucional
El comunicado también puso de relieve las consecuencias sociales del conflicto. Los exempleados señalaron que algunos trabajadores fallecieron sin haber cobrado lo que les correspondía, mientras que otros atravesaron situaciones de extrema vulnerabilidad económica. En ese contexto, sostuvieron que la falta de ejecución de las sentencias afecta la credibilidad de las instituciones. "La acumulación de años sin cumplimiento no puede seguir siendo naturalizada", afirmó.
“¿Qué puede esperarse de un sistema en el que es posible incumplir durante tanto tiempo, bajo la mirada atenta y pasiva del Poder Judicial?”, plantearon. En esa línea, consideraron que cuando una sentencia no se ejecuta en un plazo razonable, el derecho reconocido pierde efectividad y se debilita la confianza pública.
Además, recordaron antecedentes de demoras en instancias previas del proceso, incluso en momentos en que se habilitó el cobro de un pronto pago que luego dejó de cumplirse. Por ello, exigieron que no se registren nuevas dilaciones ni perjuicios hacia quienes reclaman por sus derechos laborales.
Pedido al Superior Tribunal de Justicia
En el tramo final del documento, los ex trabajadores solicitaron la intervención del Superior Tribunal de Justicia para revisar los plazos y mecanismos de ejecución de las sentencias. También reclamaron que el Poder Judicial adopte medidas concretas que garanticen el cumplimiento efectivo de los fallos.
“El Poder Judicial no puede permanecer ajeno a esta responsabilidad: cuando se tolera el incumplimiento sostenido, y más aún cuando se lo ejecuta, se habilita de hecho a los infractores”, sostuvieron. En ese sentido, advirtieron que la falta de acción termina perjudicando a quienes reclaman el cumplimiento de sus derechos.
Al respecto, solicitaron "al Poder Judicial en su conjunto que adopte medidas concretas, eficaces y sin más dilaciones para garantizar que lo resuelto se cumpla".
Finalmente, indicaron que la empresa había planteado la posibilidad de negociar sus deudas, aunque sin avances concretos hasta el momento. Los ex trabajadores insistieron en que la situación requiere respuestas inmediatas, tanto por el impacto en quienes fueron despedidos como por la necesidad de preservar la credibilidad del sistema judicial. "No puede permitirse que las decisiones judiciales queden vacías de
contenido”, remarcaron.
