El gobierno isleño habilitó un proyecto para extraer 55 mil barriles diarios en el yacimiento Sea Lion. Tras la decisión, la Cancillería argentina expresó un “enérgico rechazo” y advirtió sobre posibles sanciones a las empresas involucradas.
El Reino Unido autorizó la explotación petrolera en las Islas Malvinas a través de los proyectos impulsados por las empresas Rockhopper, de origen británico, y Navitas, de Israel. La iniciativa previó la extracción de hasta 55 mil barriles diarios de crudo en el yacimiento Sea Lion, ubicado a unos 200 kilómetros de Puerto Argentino, y generó un inmediato rechazo del gobierno argentino.
La decisión fue confirmada luego de que ambas compañías informaran que sus directorios aprobaron la Fase I del proyecto, que demandará una inversión estimada en 2.100 millones de dólares. En paralelo, el gobierno local de las islas difundió un comunicado en el que sostuvo que su Consejo Ejecutivo dio luz verde a la iniciativa tras cumplir con los requisitos administrativos y una consulta pública realizada en junio del año pasado.
Desde la provincia de Tierra del Fuego, la Secretaría de Malvinas repudió la medida y cuestionó al “ilegítimo y pretendido gobierno británico que ocupa nuestras Islas Malvinas”. En ese sentido, instó al Poder Ejecutivo Nacional a reafirmar ante la comunidad internacional que la Argentina no consiente ni reconocerá ninguna explotación hidrocarburífera en áreas bajo ocupación británica. Además, remarcó que la Cuestión Malvinas constituye “una causa nacional que trasciende cualquier diferencia partidaria”.
Tras una jornada marcada por la incertidumbre, la Cancillería argentina difundió un comunicado oficial en el que expresó su “enérgico rechazo” al avance del proyecto petrolero. El texto calificó la iniciativa como “ilegítima e ilegal”, al considerar que se desarrolla en una zona sujeta a disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.
En el documento, el Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió que quienes intervengan o faciliten estas actividades podrían quedar expuestos a medidas administrativas, legales y judiciales. Entre ellas, mencionó sanciones, restricciones operativas, inhabilitaciones y acciones en jurisdicciones nacionales e internacionales, con el objetivo de impedir el desarrollo del emprendimiento y salvaguardar los derechos soberanos argentinos.
Antecedentes y advertencias
La Cancillería recordó que en 2022 la empresa Navitas Petroleum ya había sido sancionada por el gobierno argentino con una inhabilitación de 20 años para operar en el país, debido a la realización de actividades consideradas “ilegales y clandestinas” en la plataforma continental. Aquella medida incluyó reclamos diplomáticos dirigidos tanto al Reino Unido como a Israel. (Página 12 y La Voz)
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