El Ejecutivo nacional dispuso asistencia financiera para 12 provincias ante dificultades transitorias. Los fondos deberán devolverse dentro del mismo ejercicio fiscal con intereses del 15% anual.
El Gobierno nacional oficializó el otorgamiento de anticipos financieros a provincias por hasta 400 mil millones de pesos, con el objetivo de asistir a jurisdicciones que atraviesan dificultades transitorias para afrontar compromisos urgentes. La medida fue establecida mediante el Decreto 219/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
La normativa precisa que los fondos serán administrados a través de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y estarán destinados a un conjunto de doce provincias: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
Según se indica, el monto que recibirá cada distrito será determinado en función de su capacidad de repago y su participación en la recaudación de tributos nacionales.
Condiciones de devolución y tasa de interés
El decreto establece que los anticipos deberán ser reintegrados dentro del mismo ejercicio fiscal en que se otorguen. Para ello, se aplicarán retenciones automáticas sobre los fondos de coparticipación federal y otros recursos sin afectación específica.
Además, se dispone que los montos devengarán intereses calculados sobre una tasa fija nominal anual del 15%, desde el momento de su desembolso hasta su cancelación total.
En este sentido, las provincias beneficiadas deberán autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar las retenciones correspondientes, garantizando así la devolución de los fondos otorgados.
Alcance de la medida y antecedentes
Desde el Ejecutivo argumentaron que la decisión responde a la necesidad de “procurar soluciones inmediatas” frente a dificultades financieras que impiden a algunas jurisdicciones atender compromisos presupuestarios y de deuda en el corto plazo.
Asimismo, el decreto introduce modificaciones a una medida previa adoptada a fines de 2025, vinculada a un anticipo otorgado a Entre Ríos, con el objetivo de unificar la tasa de interés aplicada y garantizar criterios de equidad entre las provincias.
Finalmente, se facultó a la Secretaría de Hacienda a definir las condiciones específicas de desembolso, cancelación y acuerdos particulares con cada jurisdicción, en el marco del régimen de coparticipación federal vigente.
