Una protesta sindical en el Puerto de Concepción del Uruguay derivó en incidentes, la paralización de la operatoria y un amplio despliegue policial. Hubo seis detenidos y un policía con lesiones leves. Rige la conciliación obligatoria por 15 días.
Un conflicto gremial en el Puerto de Concepción del Uruguay derivó este lunes en incidentes y demoras operativas, luego de que un grupo de manifestantes pertenecientes a los sindicatos SUPA y FEPA llevaran adelante una protesta que afectó el normal funcionamiento de la terminal portuaria.
Según se informó, los estibadores -nucleados en ambos sindicatos- arribaron a la ciudad durante el fin de semana y comenzaron con cortes parciales y progresivos en la zona portuaria. La situación se intensificó en la mañana del lunes, cuando se impidió el ingreso de camiones destinados a tareas de carga y estiba, lo que generó demoras y malestar entre transportistas, trabajadores y vecinos.
Como consecuencia de la protesta, quedó paralizada la operatoria del buque “Diazwell”, que se encontraba amarrado en los muelles 14, 15 y 16, provocando perjuicios operativos en una infraestructura considerada estratégica para la economía regional.
Ante el escenario de tensión, intervino personal de la Policía de Entre Ríos junto a efectivos de la Prefectura Naval Argentina, quienes desplegaron "un operativo preventivo con el objetivo de restablecer el orden y garantizar la libre circulación". Desde la fuerza policial se informó que el procedimiento dejó como saldo seis personas detenidas y un funcionario policial con lesiones de carácter leve. Las actuaciones quedaron a disposición de la fiscalía en turno a cargo de la Dra. Marina Albertina Chichi.
Desde las autoridades policiales se indicó que "el accionar se desarrolló conforme a los protocolos vigentes, priorizando la seguridad de los ciudadanos y el normal funcionamiento del puerto".
El descargo del sindicato que nuclea a los estibadores
"Lo que ocurrió en Concepción del Uruguay es inadmisible. En medio de una conciliación obligatoria dictada por la Provincia, se desató una violenta e ilegal represión contra un reclamo justo. Acá hay una empresa uruguaya que no respeta la ley argentina, la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA) que avala ese atropello y un Estado que, en lugar de garantizar derechos, reprime a los trabajadores", señalaron desde el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) de Concepción del Uruguay -legalmente constituido y con autoridades recientemente electas- al denunciar a la empresa de capitales uruguayos Urcel SA por desconocer la legislación laboral argentina y extorsionar con amenazas directas a los trabajadores locales con personal de otras localidades en condiciones de explotación.
Y agregaron: "En el centro del conflicto aparece además el rol de la FeMPINRA, señalada por los estibadores por motivar el accionar policial a través de su delegado gremial, alineándose con la empresa uruguaya Urcel SA y desconociendo a los estibadores locales. Esta posición llevó violencia a una pacífica respuesta de trabajadores que dependen de la estiba portuaria".
"Los estibadores se encuentran entre los peores pagos del país, denuncian extorsión con amenazas directas con personal de otras localidades en condiciones de explotación, precarización, violaciones a la Ley de Asociaciones Sindicales y el desconocimiento de un sindicato legalmente constituido. A pesar de ello, la FeMPINRA no solo guarda silencio, sino que según denuncias de los propios trabajadores habría acompañado el accionar de la empresa uruguaya Urcel SA, la represión policial y las decisiones de la fiscalía durante los hechos", indicaron en un comunicado.
Reclamo sindical y conciliación obligatoria
La actividad en el Puerto de Concepción del Uruguay se encontraba paralizada desde el domingo, a raíz de un conflicto entre los estibadores y la empresa Urcel Argentina S.A. La medida de fuerza fue dispuesta por el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) local, que denunció la negativa de la firma a reconocer a las autoridades gremiales electas.
Desde el sindicato, conducido por Martín Soto, señalaron que cuentan con inscripción gremial vigente y certificado de autoridades, otorgado mediante la Resolución N° 812, Registro N° 2166. A pesar de ello, la empresa habría desconocido a la conducción como representante legal de los trabajadores.
El gremio denunció además prácticas antisindicales, exclusión del sistema de rotación, pagos por debajo de lo establecido en el convenio colectivo y el desplazamiento de estibadores locales, que habrían sido reemplazados por personal proveniente de Zárate, provincia de Buenos Aires, al que consideraron sin experiencia en la operatoria del puerto.
Con el objetivo de preservar la paz social, garantizar la continuidad de la actividad portuaria y promover instancias de diálogo, las autoridades provinciales -a través de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos- dispusieron la conciliación obligatoria por un plazo de 15 días hábiles, que rige desde este lunes 26 de enero de 2026.
