La Justicia todavía no pudo desentrañar qué ocurrió el 7 de mayo en el Instituto Oftalmológico Castroviejo, donde 11 afiliados de PAMI soportaron la pérdida parcial de la visión luego de someterse a una operación de cataratas.
El fiscal Gervasio Labriola dijo a que el equipo médico forense de Tribunales todavía no emitió un dictamen definitivo sobre las historias clínicas de esos pacientes. La documentación había sido secuestrada de la clínica luego de que se conocieran públicamente las denuncias.
Hasta entonces, cuando ocurrió ese incidente médico, Castroviejo era el único prestador de la obra social PAMI. Una diferencia de criterios con la Asociación Entrerriana de Oftalmología había impedido la firma de convenios prestacionales con otros prestadores. La entidad de profesionales exigía acuerdos con la cámara, y no en forma individual como es el criterio de la obra social de los jubilados.
Carlos Alonso, titular de PAMI Entre Ríos, dijo que el cambio de la conducción en la Asociación de Oftalmología ha permitido avanzar en acuerdos particulares con distintos prestadores, aunque señaló que la suspensión que se le aplicó a Castroviejo luego de aquella supuesta mala praxis, todavía no se levantó.
La investigación judicial del caso Castroviejo surgió a partir de una presentación que efectuó la Unidad Fiscal de Investigación PAMI (UFI PAMI), cuyo titular, Pablo Piqué, viajó especialmente a Paraná acompañado por la oftalmóloga María Fernanda Merlo, y recorrió las instalaciones de la clínica, ubicada en Urquiza al 600, en Paraná.
De aquel recorrido por Castroviejo, relevó datos, recogió testimonios y averiguó razones de aquella supuesta mala praxis y después se presentó en la Justicia.
Todo se inició a partir de las denuncias hechas públicas en las redes sociales por familiares de los pacientes afectados.
El jueves 7 de mayo ocurrió un incidente que todavía la Justicia no puede explicar pero que está siendo investigado. En principio, se cree que fue consecuencia de una infección por una bacteria que afectó la visión de los pacientes que se sometieron ese día a una cirugía de cataratas en el Instituto Castroviejo.
La única respuesta del Instituto Castroviejo fue un comunicado que hizo público una semana después de aquel escándalo, y en el que relató que "algunos de los pacientes intervenidos el día 7 de mayo de 2015 tuvieron una evolución diferente a la esperada con posterioridad a las 24 horas de la cirugía. Por tal razón, se realizó un estricto seguimiento de los mismos durante las próximas horas, debiendo considerar, por la calidad de los hallazgos y la evolución, que podría tratarse de un proceso infeccioso. Ante ello, se procedió a la inmediata aplicación del protocolo médico que amerita el caso, que implica la realización de una vitrectomia con aplicación de sustancias antibióticas específicas intraoculares conforme impone protocolo médico, y una vez obtenidos los resultados preliminares, se procedió a la prescripción de la terapéutica local y sistémica acorde con el resultado de laboratorio".
Y que ante eso "han actuado conforme a las reglas imperantes en la materia, no existiendo conducta negligente alguna de su parte, como mendazmente ha pretendido sostener la autoridad local del PAMI". Y acusó una campaña de difamación de la obra social de los jubilados.
El Instituto Castroviejo está bajo la dirección de Alejandra Desio, quien es jefa del Servicio de Oftalmología del Hospital San Martín.
<i>Prestadores</i>
El titular de PAMI explicó que la investigación respecto de la situación de Castroviejo está en manos del nivel central de la obra social, y que a pesar de los sucesivos informes elevados por el prestador, la suspensión que se dispuso en mayo continúa. "La suspensión se mantiene", afirmó.
Cuando ocurrió el incidente con los pacientes, en mayo, el Instituto Castroviejo era el único prestador oftalmológico que tenía PAMI. Hasta 2014 existía un segundo prestador, el Instituto Santa Lucía, pero por diferencias contractuales, fue excluido del padrón. En la costa del Paraná, el PAMI tiene un universo de 78.000 afiliados y la relación contractual con el Instituto Castroviejo se había iniciado en el año 2007. La clínica que dirige la médica Desio realizaba un promedio de 1.000 cirugías al año, y cada mes recibía una cápita que según voceros de la obra social rondaría el millón de pesos por dar cobertura a los afiliados.
Desde que se conocieron las denuncias por supuestas irregularidades en Castroviejo, la clínica está suspendida como prestador, y la medida se va a mantener hasta que se determine el grado de responsabilidad en estos hechos. Esa responsabilidad le cabe al nivel central de PAMI, dijo Alonso. Pero como era el único prestador, desde la obra social se optó por una salida de emergencia: se derivó a los pacientes a prestadores de la ciudad de Santa Fe, hasta que en julio último se pudo abrir el padrón de prestadores en Paraná.
Ahora, están el Centro de Ojos Paraná, el Centro de Ojos Altavista, Ricardo Cortés, Eduardo Ravera, entre otros.
Mientras, la causa judicial que se derivó tras la presentación que hizo la UFI PAMI continúa, aunque sin demasiados avances, de momento.
De los once pacientes afectados, sólo se presentó un solo abogado querellante, confirmó el fiscal Labriola.
Sobre la instancia en que se encuentra la investigación judicial, expresó: "Estamos a la espera de las pericias sobre las historias clínicas que está haciendo el equipo médico forense. No hay novedades en el caso todavía. Y hasta el momento se presentó un solo abogado querellante. Se trata del abogado Basso del Pont".
<b>Disconforme</b>
El abogado Miguel Ángel Cullen representa a la médica Alejandra Desio, titular del Instituto Castroviejo, y dice que no está conforme con la marcha de la investigación en Tribunales.
"No hay denuncia, así que la investigación la lleva adelante la fiscalía. Pero a mi criterio la investigación judicial no está bien llevada, estamos disconformes con la forma. Entendemos que mucho no va a poder avanzar porque no hay elementos para avanzar", dijo el abogado.
El 7 de mayo, un grupo de afiliados a PAMI concurrió al centro oftalmológico Castroviejo para ser operados de cataratas. Pero esa mañana algo salió mal: al menos 11 pacientes, todos afiliados a la mutual de los jubilados y pensionados nacionales, tuvieron una grave complicación luego de esa operación y les debieron extraer de urgencia las lentes que les habían implantado.
El caso determinó la rápida intervención de la Justicia. Los fiscales Labriola e Ignacio Aramberry, iniciaron el 22 de mayo la investigación a partir de una petición del titular de la Unidad Fiscal de Investigación PAMI (UFI?PAMI), Pablo Piqué, quien viajó especialmente a Paraná.
Fuente: El Diario
