El hermano del rey Carlos III fue detenido el 19 de febrero acusado de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. La investigación por su vínculo con Jeffrey Epstein reactivó denuncias, reveló nuevos documentos y profundizó la crisis institucional en la monarquía británica.
El arresto del príncipe Andrés marcó un hecho sin precedentes en la historia reciente del Reino Unido. El 19 de febrero de 2026, Andrew Mountbatten-Windsor fue detenido en su residencia de Sandringham bajo sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, en el marco de la investigación vinculada al financista Jeffrey Epstein.
La acusación sostiene que, durante su etapa como enviado comercial británico, habría compartido información oficial con Epstein. La detención incluyó allanamientos en propiedades relacionadas con el exduque de York y generó una inmediata reacción institucional. El rey Carlos III se pronunció públicamente y afirmó que “la ley debe seguir su curso”, marcando distancia del caso.
El origen del escándalo
La situación judicial del príncipe Andrés no surgió de manera aislada. En 2001, Virginia Giuffre lo denunció por abuso cuando ella era menor de edad, señalando que había sido captada por la red de Epstein.
Aunque el exmiembro de la familia real negó las acusaciones, en 2022 aceptó un acuerdo extrajudicial millonario que incluyó una donación a la fundación de la denunciante.
El escándalo se reactivó con la difusión de nuevos documentos judiciales en Estados Unidos, donde se mencionaban intercambios posteriores entre Andrés y Epstein. Los investigadores analizan si el exduque utilizó información oficial en beneficio del financista, lo que encuadraría en el delito de abuso de poder institucional.
La pérdida de títulos y el aislamiento
El proceso fue acompañado por un progresivo aislamiento dentro de la Corona. Tras una entrevista televisiva en 2019 que generó fuertes críticas, el príncipe Andrés se retiró de la vida pública. En 2025, Carlos III dispuso quitarle títulos y honores militares, además de sus patronazgos oficiales.
La detención representa el punto más crítico de una década de denuncias, acuerdos y cuestionamientos públicos.
Aunque la fiscalía aún debe definir si presenta cargos formales, el caso abrió un debate en el Reino Unido sobre responsabilidad institucional y límites del poder dentro de la monarquía.
