REDACCIÓN ELONCE
La situación de calle en Paraná alcanza a más de 300 personas registradas y cada semana se suman entre tres y cuatro nuevos casos. Julián Jarupkin y Leandro Romero analizaron en Elonce el crecimiento de la problemática, los prejuicios sociales y la necesidad de fortalecer las políticas públicas.
La situación de calle en Paraná afecta a más de 300 personas, según los registros del dispositivo municipal de integración social. Además, durante 2026 se incorporaron entre tres y cuatro nuevos casos por semana, una tendencia que refleja el crecimiento de la problemática en la capital entrerriana. Así lo explicó a Elonce Julián Jarupkin, coordinador de Integración Social para Personas en Situación de Calle de la Municipalidad de Paraná.
El funcionario participó de una entrevista junto al doctor en Ciencias Sociales y docente Leandro Romero, en la que abordaron las dificultades que atraviesan quienes viven en la vía pública, los prejuicios sociales y las respuestas institucionales necesarias. También presentaron un conversatorio que se realizará en el Aula Magna de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).
Jarupkin recordó que durante 2025 se realizó un relevamiento que permitió identificar a 211 personas en situación de calle, aunque aclaró que el estudio se limitó al casco céntrico y no incluyó otros sectores de la ciudad. Por ese motivo, consideró que la cantidad real de personas afectadas podría ser superior a los registros disponibles.
Advierten que la cantidad de personas podría ser mayor
"Sabemos que hay ranchadas, gente durmiendo en los barrios, en los territorios, en el puerto y en la Costanera. No teníamos capacidad para relevar personas que estuvieran por fuera de esa zona", explicó Jarupkin.
El coordinador señaló que la cantidad de personas que llegan al dispositivo municipal continúa aumentando. "Tenemos entre tres y cuatro personas nuevas por semana en este año. Estamos hablando de más de 300 personas que tenemos conocimiento y registro que están en situación de calle", sostuvo.
Ante este escenario, consideró necesario fortalecer las políticas públicas y mejorar la articulación entre organismos municipales, provinciales y organizaciones sociales. También remarcó la importancia de abordar situaciones vinculadas con la salud, el empleo, la vivienda y los consumos problemáticos, con el objetivo de generar alternativas que permitan superar la situación de vulnerabilidad.
Un conversatorio para debatir los prejuicios sociales
Frente al crecimiento de la problemática, distintas organizaciones impulsaron el conversatorio "Situación de calle: ser o estar, realidades, prejuicios y trabajos en red", que se desarrollará en la Facultad de Trabajo Social de la UNER.
Romero explicó que el título surgió durante reuniones entre los integrantes de la red de organizaciones, cuando comenzaron a reflexionar sobre la diferencia entre considerar la situación de calle como una condición permanente o como una circunstancia que puede modificarse.
"Nos inclinamos más para el lado de que están. Ahí se abre un abanico de factores que implican preguntarse por qué están en esa situación y qué se hace para que dejen de estar, que tengan un proyecto de vida", expresó el docente.
Los prejuicios que enfrentan quienes viven en la calle
Jarupkin señaló que uno de los principales obstáculos para abordar esta realidad está relacionado con las ideas preconcebidas que existen sobre las personas sin vivienda.
"La mayoría tiene que ver con el consumo problemático, con la delincuencia, con la pobreza y con la cuestión de que están porque quieren en esos espacios", manifestó.
El funcionario consideró fundamental generar espacios de reflexión que permitan cuestionar estas percepciones y construir nuevas herramientas de intervención. La actividad contará con exposiciones de referentes de distintas organizaciones y una segunda instancia de trabajo grupal. Además, estará abierta tanto a estudiantes y docentes como a vecinos interesados en conocer la problemática.
Reclaman mayores recursos para la asistencia
Durante la entrevista, Jarupkin también cuestionó la reducción de programas nacionales y sus consecuencias sobre los equipos encargados de acompañar a las personas en situación de vulnerabilidad.
"Nosotros contábamos con un programa donde había pago para siete profesionales, por ejemplo, y no llegaron ni siquiera a cobrar. Estuvieron trabajando gratis muchos meses hasta que se terminó de decidir desde el Gobierno nacional que no iban a cobrar", relató.
Asimismo, explicó que el dispositivo municipal funciona con recursos propios y que se conformó una mesa interinstitucional para discutir soluciones estructurales. En ese sentido, planteó la necesidad de coordinar las herramientas disponibles en las distintas áreas del Estado, especialmente aquellas vinculadas con la atención sanitaria, la salud mental, el empleo y la asistencia social.
La necesidad de una política pública integral
"Yo creo que lo que se podría hacer es centralizar todo eso en una política pública. Hay una ley nacional, se podría adherir a esa ley y reglamentar algunos artículos, porque eso te da la posibilidad y la capacidad de poner la plata necesaria para llevar adelante algo de lo que hace falta", afirmó Jarupkin.
El funcionario advirtió que la problemática se volvió más compleja durante los últimos tres años. Entre las situaciones que comenzaron a observar, mencionó las dificultades de adultos mayores y estudiantes que deben elegir entre pagar el alquiler, continuar sus estudios o alimentarse. Por ese motivo, sostuvo que las respuestas deben contemplar las distintas realidades que atraviesan las personas afectadas.
Finalmente, Romero coincidió en la necesidad de fortalecer la articulación institucional. "El horizonte es esa ley que menciona Julián, pero hay que tomarla más en cuenta desde las instituciones públicas para que se articule más coherentemente y, sobre todo, con más recursos", concluyó.
