El convenio tendrá una vigencia inicial de dos años y contempla el acceso a estudios primarios y secundarios, capacitación laboral y formación profesional. También se implementarán mecanismos para acompañar la trayectoria de cada estudiante y evitar el abandono escolar.
El CGE y la Justicia de Entre Ríos firmaron un convenio destinado a garantizar la continuidad educativa de adolescentes y jóvenes que atraviesan procesos penales en la provincia. El acuerdo incluye propuestas de enseñanza obligatoria y herramientas de preparación para el trabajo.
El documento fue suscripto por el presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca, y el titular del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Germán Carlomagno. También participaron autoridades educativas, vocales del tribunal y representantes del fuero Penal de Niños, Niñas y Adolescentes.
La iniciativa tendrá una vigencia inicial de dos años y se renovará automáticamente. Su aplicación se realizará de manera progresiva mediante acuerdos específicos que determinarán las acciones necesarias en los diferentes departamentos entrerrianos.
Educación obligatoria y capacitación laboral
Uno de los principales objetivos será facilitar el acceso a los niveles primario y secundario. Las propuestas deberán adaptarse a las circunstancias particulares de los jóvenes involucrados para favorecer su permanencia y finalización de los estudios.
El convenio entre el CGE y la Justicia también contempla trayectos de capacitación laboral y formación profesional. La intención es que los participantes incorporen conocimientos y habilidades que puedan mejorar sus posibilidades de inserción en el mercado de trabajo.
Además, ambos organismos diseñarán mecanismos de acompañamiento para facilitar el ingreso, la continuidad y el egreso del sistema educativo. Estas medidas buscarán reducir la deserción y sostener las trayectorias escolares.
Capacitación para los equipos educativos
El acuerdo incorpora un programa de formación permanente para supervisores, directivos y equipos técnicos de las instituciones educativas. Allí se brindarán herramientas pedagógicas destinadas al abordaje de situaciones sociales complejas.
La implementación territorial se definirá mediante convenios complementarios. En ellos, el CGE y la Justicia establecerán los planes de estudio, los plazos de ejecución y las modalidades de enseñanza que se utilizarán en cada lugar.
De esta manera, la intervención educativa se ajustará a la situación de los adolescentes y jóvenes alcanzados, manteniendo como objetivo la finalización de la escolaridad obligatoria y el acceso a oportunidades de formación laboral.
