Con el archipiélago en el centro de la agenda pública argentina, el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary, pidió al Congreso de la Nación derogar la Ley 24.184. La misma fue sancionada en 1992 y ratifica el Convenio de Promoción y Protección de Inversiones firmado entre la Argentina y el Reino Unido.
La propuesta del funcionario fueguino se dio a conocer el lunes por la noche: "Es un error geopolítico mantener un acuerdo que garantiza el trato de 'nación más favorecida' y cede jurisdicción ante el mismo Estado que usurpa, saquea y militariza nuestro territorio", de acuerdo a lo que publicó en su cuenta de X
Según el análisis de Dachary, derogar la Ley 24.184 es una "medida fundamental" para la política exterior argentina. "Nuestro conflicto es con el Reino Unido, no con las Islas Malvinas", detalló.
"Denunciar este tratado es un paso necesario para cumplir con la Constitución", concluyó el fueguino.
El planteo de Dachary se conoció días después de que el presidente Javier Milei anunciara en cadena nacional un incremento del presupuesto de Defensa destinado a la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, además del endurecimiento de las sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en el área del archipiélago sin autorización argentina.
El funcionario dirigió su reclamo directamente al Poder Legislativo, al etiquetar en su publicación al Senado y a la Cámara de Diputados de la Nación.
Qué dice la ley que pide derogar Tierra del Fuego
La Ley 24.184 aprobó el convenio bilateral firmado en Londres el 11 de diciembre de 1990 y sancionado por el Congreso el 4 de noviembre de 1992, durante la presidencia de Carlos Menem. El acuerdo, compuesto por 14 artículos, establece que ninguna de las partes puede otorgar a las inversiones de la otra un trato menos favorable que el aplicado a sus propios inversores o a los de terceros países.
El convenio también garantiza a los inversores británicos la libre transferencia de ganancias y establece protección frente a expropiaciones sin compensación. En caso de disputas, además, contempla mecanismos de arbitraje internacional.
El acuerdo fue uno de los resultados del proceso de normalización bilateral iniciado con los Acuerdos de Madrid I y II, firmados entre octubre de 1989 y febrero de 1990, que restablecieron las relaciones diplomáticas entre Argentina y Reino Unido después de la Guerra de Malvinas de 1982.
Uno de los puntos que podría complicar una eventual derogación inmediata es la protección prevista para las inversiones realizadas mientras el convenio estuvo vigente. La propia Ley 24.184 establece que, en caso de denuncia del tratado, esas inversiones continuarán amparadas por sus disposiciones durante 15 años adicionales.
El artículo 3 establece el principio de "nación más favorecida", al que hizo referencia el funcionario fueguino. La norma dispone: "Ninguna Parte Contratante someterá en su territorio las inversiones y las ganancias de inversores de la otra Parte Contratante a un trato menos favorable que el otorgado a las inversiones y ganancias de sus propios inversores o a las inversiones y ganancias de inversores de cualquier tercer Estado".
Además, también agrega que "ninguna Parte Contratante someterá en su territorio a los inversores de la otra Parte Contratante, en cuanto se refiere a la gestión, mantenimiento, uso, goce o liquidación de sus inversiones, a un trato menos favorable que el otorgado a sus propios inversores o a los inversores de cualquier tercer Estado".
Horas antes del mensaje de Dachary, el Gobierno nacional anunció que presentará una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. El Ejecutivo fundamentó la medida en presuntas infracciones a la Ley 26.659, que sanciona las actividades realizadas sin autorización argentina en esa zona. (Ámbito)