El Reino Unido rechazó las sanciones argentinas por Malvinas y comprometió su respaldo a las empresas que desarrollan actividades comerciales o prestan servicios en el archipiélago. Londres sostuvo que las acusaciones impulsadas por Buenos Aires son “inaceptables” y “carecen de justificación legal”.
La posición fue expresada por la subsecretaria parlamentaria británica para los Territorios de Ultramar, Seema Malhotra Kumaran, en un comunicado difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo. El pronunciamiento se produjo horas después de conocerse los alcances del proyecto de Ley de Soberanía Nacional enviado por el Gobierno argentino al Congreso.
Kumaran reafirmó la postura histórica de Londres sobre el territorio cuya soberanía reclama la Argentina. “Son británicas, sus habitantes tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como lo consideren conveniente, y ese derecho forma parte inseparable de su autodeterminación”, afirmó.
El comunicado del gobierno británico
“En las últimas semanas, Argentina ha continuado amenazando a empresas e individuos que suministran bienes y servicios, directa e indirectamente, a las Islas, incluyendo en el sector de hidrocarburos”, sostuvo la funcionaria británica.
En ese sentido, remarcó que los cargos promovidos contra compañías y particulares “son inaceptables” y no poseen “justificación legal”. También afirmó que el Reino Unido respaldará a quienes mantengan relaciones económicas con el archipiélago.
Kumaran recordó que distintos gobiernos argentinos ya habían aplicado medidas de presión económica contra empresas relacionadas con las islas. “Sin embargo, la economía de las Islas Malvinas continúa prosperando”, aseguró.
“El Reino Unido está en plena sintonía con la comunidad internacional y cualquier intento de politizar mecanismos internacionales contra individuos por hacer negocios con las Islas es ilegítimo”, señaló.
“Estos cargos contra empresas e individuos son inaceptables, sin justificación legal. Hay enormes oportunidades disponibles para los negocios”, concluyó la representante británica.
La guía para las compañías
El pronunciamiento profundizó la posición fijada el 15 de septiembre, cuando el gobierno británico publicó el documento titulado “Haciendo negocios con las Islas Malvinas”. La guía estuvo dirigida a empresas que operan en el archipiélago o suministran bienes y servicios directa o indirectamente.
En ese texto, Londres sostuvo que Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las islas y, por lo tanto, consideró que la legislación nacional no resulta aplicable allí ni alcanza a las compañías que desarrollan actividades en la zona.
El gobierno británico también señaló que no observaba fundamentos jurídicos para que tribunales de otros países ejecutaran las sanciones argentinas. Además, ofreció intervenir en respaldo de subsidiarias y proveedores que pudieran quedar bajo presión en terceros Estados.
La guía aconsejó a las empresas que recibieran comunicaciones de autoridades argentinas buscar asesoramiento jurídico independiente. También recordó que las restricciones adoptadas en años anteriores no habían impedido el crecimiento de la economía isleña.
El proyecto petrolero Sea Lion
La controversia se intensificó luego de que Argentina presentara denuncias penales contra cinco compañías vinculadas con Sea Lion, un proyecto petrolero situado aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, dentro de la denominada Cuenca Malvinas Norte.
Entre las firmas involucradas se encuentran Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited. La primera ya había sido inhabilitada durante 20 años mediante una resolución dictada en 2013.
La Cancillería argentina expresó su “más enérgico rechazo” a la guía británica y convocó a los embajadores del Reino Unido e Israel, país de origen de Navitas Petroleum, para entregarles notas formales de protesta.
El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur “se encuentran ilegítimamente ocupadas por el Reino Unido” y acusó a Londres de promover actividades comerciales e hidrocarburíferas ilegítimas.
“Ninguna guía gubernamental extranjera ni decisión comercial privada puede situarse por encima del derecho nacional argentino y del derecho internacional”, advirtió el Gobierno nacional.
La nueva Ley de Soberanía Nacional
La tensión diplomática creció con la presentación del proyecto de Ley de Soberanía Nacional, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Luis Caputo y Carlos Presti.
La iniciativa propuso reemplazar la Ley 26.659, sancionada en 2011, por un régimen más amplio. Mientras la normativa vigente se concentró en los hidrocarburos, el nuevo texto extendería las restricciones a cualquier aprovechamiento de recursos naturales, renovables o no renovables, en áreas que Argentina considera bajo su soberanía.
El proyecto estableció multas, inhabilitaciones, prohibiciones para operar en el país y penas que podrían alcanzar los 20 años de prisión en determinadas conductas. También contempló la creación de un Sistema de Seguridad Nacional, coordinado por un consejo presidido por el jefe de Estado.
En paralelo, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto ordenó a Rockhopper y Navitas abstenerse de iniciar o continuar obras vinculadas con Sea Lion. La medida cautelar comprendió perforaciones, instalaciones submarinas y el comienzo de la extracción comercial de petróleo.