Política

Empleados judiciales también paran y se movilizan este miércoles contra la reforma previsional

La Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) confirmó un paro con movilización para este miércoles, cuando la Cámara de Diputados tratará la reforma previsional. Advierten que el proyecto afectará derechos de trabajadores activos y jubilados.

28 de Julio de 2026
AJER / José María Segura Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La reforma previsional que debatirá este miércoles la Cámara de Diputados motivó una nueva convocatoria al paro y movilización de los gremios que integran la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos. La medida fue ratificada por el secretario general de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), José María Segura, quien cuestionó el proyecto impulsado por el Gobierno provincial y advirtió que tendrá un fuerte impacto sobre trabajadores activos y jubilados.

 

La sesión está prevista para las 11, mientras que la concentración de los gremios comenzará una hora antes para marchar hacia Casa de Gobierno. "Pretenden concretar la sanción de una ley que transformará la Caja de Jubilaciones en un sistema similar al nacional de Anses", afirmó Segura.

"Habrá un empobrecimiento de trabajadores y jubilados"

 

El dirigente sostuvo que el proyecto implica modificaciones profundas en el régimen previsional provincial. Entre los principales cuestionamientos mencionó la pérdida del 82% móvil, posibles cambios en la edad jubilatoria y el incremento de los aportes personales.

 

"El efecto práctico será jubilaciones por debajo del 82%, la posibilidad de modificar la edad jubilatoria por decreto y la eliminación de la movilidad jubilatoria de la provincia. Es el empobrecimiento de los jubilados", aseguró a Elonce.

 

También cuestionó la declaración de emergencia previsional prevista en la iniciativa. "Se plantea una emergencia por dos años, prorrogable por otros dos, sin fundamentos suficientes", señaló.

Cuestionamientos al aumento de los aportes

 

Segura indicó que el proyecto prevé elevar en un 3% el aporte previsional para quienes perciban remuneraciones brutas superiores a $3 millones.

 

Según sostuvo, esa medida alcanzará a un importante número de trabajadores estatales. "Hoy muchos empleados cobran sueldos brutos superiores a los tres millones de pesos, por lo que el proyecto también implica un empobrecimiento de los trabajadores activos", manifestó.

 

Para el gremialista, el impacto de la reforma excederá al sector público y terminará afectando al conjunto de la sociedad.

Empleados judiciales también paran y se movilizan este miércoles contra la reforma previsional

Críticas al debate legislativo

 

El representante de AJER consideró que las reuniones de comisión desarrolladas la semana pasada no modificaron el rumbo del proyecto. "Las reuniones de comisión fueron una puesta en escena. Escucharon a todas las organizaciones, pero ya estaba decidido que el dictamen sería aprobar la ley tal como vino del Senado", expresó.

 

No obstante, destacó que la movilización de la Multisectorial logró introducir algunos cambios respecto de la versión original. "Se evitó que fuera peor. El proyecto comenzaba con un cálculo sobre los últimos 30 años de servicio y, gracias a la movilización, se redujo a 15 años. También se evitó equiparar la edad jubilatoria entre hombres y mujeres", explicó.

Anticipan una batalla judicial

 

Consultado sobre la posibilidad de impugnar la norma una vez sancionada, Segura afirmó a Elonce que existen fundamentos para promover acciones judiciales. "Es muy probable que la ley transite el camino judicial porque tiene serios defectos de constitucionalidad", sostuvo.

 

Entre ellos mencionó la delegación de facultades al Poder Ejecutivo para modificar aspectos del régimen previsional. "La Constitución provincial prohíbe delegar determinadas funciones y aquí se habilita al gobernador a modificar por decreto la edad jubilatoria", advirtió.

 

Asimismo, consideró que la declaración de emergencia previsional también podría ser cuestionada. "Muchos entendemos que esa emergencia carece de fundamentos suficientes y puede resultar inconstitucional", indicó.

 

“Además, muchos reclamarán por los derechos adquiridos porque al otro día de sancionada y puesta en vigencia la ley, los jubilados actuales van a perder la movilidad que tienen”, anticipó Segura.

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