El pedido de 14 años de prisión para Leonardo Airaldi fue formalizado por el Ministerio Público Fiscal durante la etapa de alegatos del juicio que investiga una presunta organización dedicada al tráfico de estupefacientes en Entre Ríos y Santa Fe.

La solicitud fue presentada por el fiscal general José Ignacio Candioti, el fiscal auxiliar Juan Podhainy y el representante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Martín Uría, quienes expusieron durante seis horas los fundamentos de la acusación que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de Paraná.

Además de la pena de prisión, la Fiscalía requirió el decomiso de la estancia El Mirador, al considerar que fue utilizada como instrumento para el desarrollo de las maniobras investigadas. Cabe aclarar que la acusación planteó que las operaciones se habrían realizado desde campos de Airaldi, donde habría funcionado una pista de aterrizaje clandestina, la que habría sido empleada para el arribo de avionetas con cocaína y la partida de lanchas destinadas a la distribución de la droga.

Una organización que operaba entre Entre Ríos y Santa Fe

Al respecto, el fiscal auxiliar Juan Podhainy explicó a Elonce que la acusación se apoyó en dos expedientes que fueron acumulados durante la investigación. "Arribamos a un pedido de condena para Leonardo Airaldi de 14 años y también para los ocho restantes imputados", indicó.

Según detalló, una de las causas se centró en la actividad desarrollada en Paraná y Diamante, mientras que la otra investigó el hallazgo de casi 30 kilos de cocaína en Puerto Gaboto, provincia de Santa Fe. "Las dos investigaciones presentaban coincidencias tanto subjetivas como objetivas, por lo que se determinó su acumulación", explicó el representante del Ministerio Público Fiscal.

Los fiscales solicitaron condenas como coautores para Juan Andrés Erbes (7 años), Sebastián Agustín Armocida (6 años y 4 meses) y Roberto Fabián Coronel (6 años). Para Joel Schonfeld y María Soledad Touzet, considerados partícipes secundarios, requirieron penas de 4 años y 6 meses y 3 años y 3 meses de prisión, respectivamente, contemplando para Touzet una perspectiva de género en función de su declaración durante el debate.

En el caso de Walter Olivero, Cristian Sánchez y Marino Martínez, se les atribuyó un papel menor en la organización y se solicitaron penas de 3 años y 2 meses para el primero y 3 años de ejecución condicional para los dos últimos, publicó Infobae.

La reconstrucción de las maniobras

De acuerdo con la acusación, la investigación permitió reconstruir el funcionamiento de la organización mediante informes elaborados por distintas fuerzas federales y provinciales.

Podhainy sostuvo que el análisis de teléfonos celulares secuestrados a Airaldi resultó determinante para conocer cómo operaba la estructura. "Se pudo reconstruir varias maniobras en las cuales él teledirigía absolutamente todo, controlaba y supervisaba cómo iba a arribar el avión, cómo se limpiaba la pista para que pudiera descender, cómo se utilizaban embarcaciones para resguardar la carga y luego cómo ese material se distribuía tanto en Paraná como en Diamante y también en Rosario", afirmó a Elonce.

La Fiscalía señaló que las maniobras se habrían repetido en numerosas oportunidades y que presentaban una frecuencia casi semanal.

Las intervenciones telefónicas y mensajes recuperados de celulares secuestrados a los imputados fueron valorados como evidencia central, ya que permitieron reconstruir el funcionamiento de la organización y el uso de un lenguaje codificado. Además, se identificaron términos como “lomo”, “novillito”, “maple”, “maple con pelo” y “huevos”, utilizados para referirse a drogas, enmascarando las conversaciones dentro de un contexto agropecuario.

De hecho, en una de las comunicaciones se mencionaba que “los maples van a llegar a Gaboto”, en alusión al traslado de estupefacientes. En otra, se hablaba de un “novillito lastimado”, expresión asociada a un paquete de cocaína dañado. También se registró que uno de los involucrados refirió haber cobrado 10 millones de pesos “por salir a pescar”, expresión que fue interpretada como una referencia a actividades ilícitas.

El rol de la estancia El Mirador

Uno de los puntos centrales de la acusación fue la utilización de la estancia El Mirador, ubicada frente a Puerto Gaboto. Según la Fiscalía, el establecimiento rural habría sido utilizado para coordinar la recepción y el traslado de cargamentos de droga.

"El Código Penal impone el decomiso de los bienes que fueron utilizados como instrumentos para el delito. El campo El Mirador fue un instrumento utilizado por Leonardo Airaldi para efectuar todo este entramado delictivo", sostuvo Podhainy.

Por ese motivo, el Ministerio Público solicitó que el inmueble pase a manos del Estado en caso de una eventual condena.

Cobertura policial y estructura de apoyo

La Fiscalía también consideró agravantes vinculados a la presunta existencia de cobertura policial y al uso de armas para garantizar el funcionamiento de la organización.

"La pena solicitada es tan alta en virtud de la cobertura policial que tenía acreditada mediante escuchas telefónicas y por los medios violentos que utilizaba para cometer los delitos", afirmó Podhainy.

Según la acusación, distintos colaboradores habrían participado en tareas de logística, distribución y comercialización de estupefacientes.

Entre ellos mencionó a Roberto Coronel, señalado como uno de los principales colaboradores de Airaldi, y a Juan Andrés Erbes, propietario del bar Mandela de Diamante, lugar que también fue mencionado durante la investigación. "Walter Olivero, Cristian Sánchez y Marino Martínez, eran vendedores y delivery", completó al mencionar, además, a Soledad Touzet, como la secretaria del productor agropecuario y ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante.

“Respecto de ella, la fiscalía hizo un análisis desde una perspectiva de género, y teniendo en cuenta su arrepentimiento o la actitud posterior al delito, para pedir una menor pena. Recordemos que hace unas audiencias atrás ella dio un testimonio bastante cruento sobre cómo era la relación con Airaldi y lo violento que era”, fundamentó Podhainy.

Cómo funcionaba la red según la acusación

La hipótesis fiscal sostiene que Airaldi financiaba y organizaba la llegada de los cargamentos, mientras otros integrantes intervenían en la distribución y venta de la droga. Parte de la mercadería era distribuida en Paraná, Diamante y Rosario, según se desprende de la acusación presentada en el juicio.

Asimismo, la Fiscalía sostuvo que algunos integrantes facilitaban contactos y aportaban información que permitía evitar controles policiales.

El expediente también incluyó referencias a amenazas, utilización de armas y otras conductas que, según la acusación, formaban parte de la operatoria de la organización.

Tres detenidos y nuevas medidas solicitadas

Actualmente Airaldi permanece alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza bajo el régimen destinado a internos de alto perfil.

Podhainy indicó que, además de Airaldi, permanecen detenidos Roberto Coronel y Walter Olivero, este último bajo arresto domiciliario.

Asimismo, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de Juan Andrés Erbes y Sebastián Armocida, a quienes considera colaboradores relevantes dentro de la estructura investigada.

El juicio continúa

El juicio comenzó el 3 de marzo y, en trece audiencias, declararon más de cincuenta testigos, incluidos integrantes de la Policía de Entre Ríos, la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina. Está previsto que las audiencias continúen el 1, 30 y 31 de julio con los alegatos de las defensas. Mientras tanto, el veredicto se dará a conocer el 13 de agosto.