Policiales

La Municipalidad denunció a un concejal y un fotógrafo por amenazas a Romero en un programa de streaming

La presentación judicial se realizó por expresiones contra la intendenta Rosario Romero durante un programa de streaming de Paraná. El municipio denunció presuntas amenazas e incitación a la violencia y pidió investigar un posible caso de violencia política de género.

19 de Noviembre de 2026
Denunciaron a un concejal por amenazas contra Rosario Romero.

La denuncia por amenazas contra Rosario Romero fue presentada este jueves por la Municipalidad de Paraná, a raíz de expresiones realizadas durante un programa de streaming en el que se cuestionaban decisiones del gobierno local sobre el transporte público de pasajeros. La presentación judicial involucra al concejal Maximiliano Rodríguez Paulín y al fotógrafo Juan Manuel Hernández.

 

El secretario Legal y Administrativo del municipio, Pablo Testa, acudió al Ministerio Público Fiscal para denunciar presuntas amenazas, instigación a cometer delitos, intimidación pública e incitación a la violencia colectiva. También solicitó que los hechos sean examinados desde una perspectiva de violencia política de género, según informó Análisis Digital.

 

El episodio ocurrió durante la emisión del 17 de noviembre del programa El Fortín, conducido por Rodríguez Paulín y Hernández. Mientras se desarrollaba una entrevista al secretario de Transporte de Entre Ríos, Aníbal Steren, uno de los participantes realizó una expresión que motivó la presentación judicial.

 

 

Qué se dijo durante la transmisión del programa

 

De acuerdo con el escrito presentado por la Municipalidad, Hernández manifestó, en referencia a la intendenta: "¿Qué quiere, que le prendan fuego la casa esta mina?". La frase también habría sido difundida posteriormente mediante un video editado publicado en las redes sociales del programa.

 

La denuncia sostiene que esas palabras "revisten una gravedad que excede ampliamente los límites de una crítica política, de una discrepancia respecto de una decisión de gobierno o de una expresión de disconformidad con la gestión municipal".

 

Asimismo, el municipio argumentó que la expresión "introduce explícitamente la posibilidad de que se ejerza un acto de violencia de extrema gravedad contra la Sra. Intendenta, mediante un ataque incendiario contra su vivienda particular".

 

Los argumentos de la denuncia presentada por el municipio

 

En otro tramo, la presentación remarca que la referencia no fue genérica, sino que identificó a Romero como destinataria y mencionó una posible agresión contra su domicilio. También cuestiona la posterior difusión del fragmento audiovisual en las redes sociales de El Fortín.

 

El escrito señala que Hernández y Rodríguez Paulín publicaron en Instagram un video editado de la entrevista a Steren, en cuya edición, según la interpretación municipal, "subrayan la invitación a prender fuego la casa de la Intendenta".

 

La Municipalidad aclaró que la presentación no busca impedir cuestionamientos a la gestión. "De ninguna manera esta denuncia podrá interpretarse como una pretensión de cercenar la libertad de expresión", sostiene el documento, que distingue entre la crítica política y la promoción de hechos violentos.

 

 

La libertad de expresión y el contexto de violencia

 

"La libertad de expresión no otorga inmunidad frente a la incitación pública a cometer delitos, ni a la vil intimidación", afirma la denuncia. En ese sentido, el municipio considera que corresponde investigar si las expresiones denunciadas pueden configurar alguno de los delitos señalados.

 

La presentación también menciona episodios recientes de vandalismo en Paraná, particularmente incendios de contenedores, y alude a situaciones denunciadas por la empresa San José, vinculada al servicio de transporte público de pasajeros.

 

Para los denunciantes, estos antecedentes conforman un contexto que requiere atención judicial. Sin embargo, la existencia de esos episodios no implica, por sí misma, que las personas denunciadas tengan responsabilidad en ellos. Esa evaluación corresponderá a la investigación del Ministerio Público Fiscal.

 

 

Pidieron analizar una posible violencia política de género

 

Otro de los planteos municipales apunta a determinar si los dichos pueden encuadrarse en las leyes nacionales 26.485 y 27.533, relacionadas con la protección de las mujeres frente a distintas formas de violencia, incluida la violencia política.

 

Según el escrito, la referencia a un posible ataque contra la vivienda de Romero, formulada públicamente mientras se cuestionaban decisiones adoptadas en ejercicio de sus funciones, "constituye una circunstancia que amerita examinar si la conducta tuvo un componente de violencia política basada en razones de género".

 

La presentación quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que deberá evaluar las medidas investigativas correspondientes. Hasta el momento, se trata de una denuncia penal y no de una determinación judicial de responsabilidad sobre los involucrados.

 

 

El antecedente judicial del caso de El Presto

 

El caso presenta similitudes con un antecedente judicial relacionado con Eduardo Prestofelippo, conocido públicamente como El Presto, quien realizó expresiones contra el entonces intendente de Paraná, Adán Bahl, durante la pandemia.

 

En una transmisión, el influencer había instado a trabajadores municipales, en medio de reclamos laborales, a dirigirse a la vivienda de Bahl y prenderle fuego con su familia dentro. Aquellas manifestaciones derivaron en actuaciones judiciales.

 

Tras una absolución inicial, una instancia superior revocó esa decisión y ordenó realizar un nuevo juicio oral. Aunque se trata de expedientes diferentes, el antecedente vuelve a poner en discusión los límites entre las expresiones políticas, la libertad de opinión y las posibles conductas de incitación a la violencia.

 

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